Los hechos se produjeron entre la tarde del 18 de marzo y la madrugada del 19 de marzo de 2025. El procesado, diagnosticado de esquizofrenia pero con sus facultades cognoscitivas y de juicio de la realidad conservadas durante el ataque, llevaba horas con una actitud alterada e invasiva: se había colado en varias habitaciones y duchado en una ajena antes de invadir, sobre las 18:29 horas, el espacio de la víctima, a la que dijo cosas al oído en estado de erección.
El personal sanitario lo recondujo a su habitación tras ese primer incidente y la propia paciente solicitó formalmente un cambio de estancia al sentirse insegura. Según la Fiscalía, pese a esa queja expresa no se adoptó ninguna medida adicional de custodia ni se restringieron los movimientos del hombre dentro de la unidad.
Antes de la medianoche, el acusado se introdujo en la habitación de la mujer, que se hallaba dormida bajo los efectos de un refuerzo de medicación —olanzapina— prescrito para tratar la desorientación temporoespacial por la que llevaba ingresada seis días. El hombre se tumbó sobre ella y la penetró vaginalmente; cuando la víctima despertó y le manifestó que no quería, la giró por la fuerza y la penetró analmente, antes de dirigirse al baño a lavarse.
La mujer sufrió excoriaciones en la zona vulvar que requirieron asistencia médica, además de un impacto grave en su estado de ánimo y en su proceso de recuperación psicológica, recoge el escrito del Ministerio Público.
La acusación pública sostiene que, pese al sistema de videovigilancia instalado en la unidad y a la presencia de personal, nadie advirtió ni las intrusiones previas del acusado en otras habitaciones ni su entrada en el cuarto de la víctima, sin que se adoptara medida alguna tras las quejas de la mujer. Sobre esa base, la Fiscalía atribuye al IB-Salut responsabilidad por el fallo ostensible de las medidas de custodia y de los sistemas de control.
"Funcionamiento anormal del servicio", en referencia a los fallos en las medidas de custodia y los sistemas de videovigilancia de la unidad, según el escrito de la Fiscalía.
La figura del responsable civil subsidiario, prevista en el artículo 120 del Código Penal, obliga a quien tiene bajo su titularidad un establecimiento a responder de los delitos cometidos en él cuando han mediado infracciones de los reglamentos de policía o de las condiciones de seguridad del servicio. En este caso, el pago recaería sobre el IB-Salut y su aseguradora solo si el autor material no abona la indemnización.
El acusado se enfrenta a una petición de 14 años de prisión, diez años de libertad vigilada posteriores al cumplimiento de la condena y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima a menos de 500 metros durante 15 años. La Fiscalía solicita además su expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la pena, con prohibición de regreso a España durante diez años.
En el apartado de responsabilidad civil, el escrito reclama 30.000 euros por daño moral y 200 euros por las lesiones físicas, cantidades de las que el IB-Salut y su aseguradora deberán responder de forma subsidiaria en caso de insolvencia del acusado. El procedimiento se suma a otros casos recientes que examinan la responsabilidad de administraciones públicas ante fallos de gestión, como el de la Fiscalía madrileña, que ha archivado 179 causas por la gestión de las residencias durante la pandemia.
