Solo ocho causas continúan abiertas, repartidas entre dos juzgados de instrucción de Madrid capital, dos del partido judicial de Collado Villalba, dos del de San Lorenzo de El Escorial y uno del de Torrelaguna. La restante, radicada en Majadahonda, es la única que ha avanzado hasta la fase de procedimiento abreviado, el peldaño previo a la eventual apertura de juicio oral.
La Memoria detalla que durante 2025 los juzgados de instrucción acordaron el sobreseimiento provisional o libre en la mayoría de las causas activas y que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó esas decisiones al resolver los recursos, tanto los presentados por las familias personadas como acusación particular como los del propio Ministerio Fiscal.
El patrón se repite fuera de la capital. La Fiscalía de Área de Getafe-Leganés archivó cuatro procedimientos durante 2024, con solo dos causas todavía en tramitación en Leganés. En el partido judicial de Alcalá de Henares, los juzgados de Coslada y Arganda del Rey sobreseyeron otras dos investigaciones, aunque ambas permanecían pendientes de recurso ante la Audiencia Provincial al cierre de aquel ejercicio.
La tendencia no se frenó en 2025: se incoaron 19 nuevos procedimientos por fallecimientos en residencias dentro del territorio de la Fiscalía Provincial. De ellos, cuatro fueron archivados —uno con el archivo ya confirmado por la Audiencia Provincial— y los recursos contra los otros tres seguían pendientes al cierre del año.
El intento fallido de macrocausa
La Fiscalía intentó en 2025 concentrar la mayoría de estas investigaciones en un único procedimiento ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Los juzgados afectados rechazaron las inhibiciones planteadas y la Audiencia Provincial resolvió, antes de acabar el año, que los casos debían investigarse de forma individualizada, en procedimientos separados. La decisión frustró la pretensión, sostenida por las plataformas de familiares de víctimas, de agrupar todas las causas para una investigación conjunta sobre la gestión de las residencias.
El revés más reciente ha llegado este mes de septiembre. La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo de la causa abierta en Valdemoro por la muerte de un residente de la residencia DomusVi el 27 de marzo de 2020, en la que la familia denunciaba discriminación sanitaria en el acceso a la atención hospitalaria. El tribunal ha advertido de que un proceso penal no puede convertirse en una investigación prospectiva para buscar de forma genérica responsabilidades penales.
La vía directa contra la presidenta regional tampoco prosperó. En junio de 2024, el Tribunal Supremo inadmitió una denuncia contra Ayuso por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación en relación con las muertes de 7.291 personas en residencias madrileñas durante la pandemia. El alto tribunal ya había inadmitido este verano una demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por falta de competencia, en la línea de acotar los aforamientos y el aval de admisibilidad.
Pese al goteo de archivos documentado por la Fiscalía en dos memorias consecutivas, las plataformas de familiares mantienen su reclamación de una macrocausa que agrupe todas las investigaciones abiertas desde 2020, una pretensión que los tribunales madrileños han rechazado de forma reiterada.
