El caso llegó al conocimiento de la Guardia Civil a raíz de la alerta de un ciudadano que advirtió de las condiciones en las que, presuntamente, se encontraban los animales en el interior de la parcela. Esa denuncia motivó el desplazamiento de una patrulla del Seprona hasta la finca el 22 de julio para verificar in situ el estado de los perros, un procedimiento habitual cuando existen indicios de riesgo para la vida animal.
Desde el exterior de la propiedad, los agentes localizaron a cinco podencos ibicencos, raza autóctona balear tradicionalmente empleada para la caza. Uno de los animales permanecía inmóvil y tumbado de costado, aparentemente sin vida, sin que en un primer momento se hallara a ninguna persona responsable en el recinto, lo que obligó a los efectivos a iniciar gestiones para identificar y dar aviso al encargado del cuidado de los perros.
Una vez localizado el presunto responsable, los agentes accedieron al interior de la finca. Según describe la Guardia Civil, los cuatro perros supervivientes presentaban una delgadez extrema, deshidratación severa y una notable pérdida de masa muscular, un cuadro que los investigadores consideran compatible con varios días sin recibir alimento ni agua en plenas condiciones climáticas del verano ibicenco. Los comederos y bebederos estaban vacíos, secos y cubiertos de suciedad incrustada, un detalle que la investigación interpreta como indicio de un abandono prolongado y no de un episodio puntual.
El entorno presentaba, además, plásticos acumulados, excrementos secos y un estado general de insalubridad que, según la Guardia Civil, agravaba el riesgo para la vida de los animales. Los agentes constataron que los perros apenas podían mantenerse en pie por su debilidad física, lo que llevó al rescate inmediato de los cuatro supervivientes. Fueron trasladados al Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD), donde recibieron atención veterinaria de urgencia y permanecen bajo custodia provisional mientras evolucionan favorablemente, según la propia Guardia Civil.
El marco legal aplicable
El Código Penal, tras la reforma de 2021 que endureció los delitos de maltrato animal, castiga en su artículo 337 las conductas que causen lesiones o menoscaben gravemente la salud de un animal, así como el abandono en condiciones que puedan poner en peligro su vida o su integridad, con penas de prisión y de inhabilitación especial para la tenencia de animales, agravadas cuando se produce la muerte, como habría ocurrido con uno de los podencos. La instrucción corresponde al juzgado de primera instancia e instrucción de Ibiza que reciba el atestado del Seprona.
El investigado, de 34 años, no ha sido detenido ni ingresado en prisión preventiva, según la información disponible: la actuación de la Guardia Civil se limita a la elaboración de un atestado que se remite a la autoridad judicial, que deberá decidir sobre la apertura de diligencias y, en su caso, sobre las medidas cautelares que procedan, como la retirada temporal de la tenencia de animales. Nada de ello prejuzga su responsabilidad penal, que solo podrá determinarse tras la instrucción y, si procede, un juicio en el que rige la presunción de inocencia. Las diligencias, según la Guardia Civil, siguen abiertas para esclarecer todas las circunstancias del caso.
A este marco penal se suma la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en vigor desde ese año, que refuerza las obligaciones de cuidado de los propietarios y endurece las sanciones administrativas por abandono. La normativa estatal se complementa en Baleares con la regulación autonómica sobre tenencia y protección de animales de compañía, aplicable a los procedimientos administrativos que se sustancien en paralelo a la causa penal.
Los podencos, bajo custodia mientras avanza la instrucción
El CEPAD, centro de referencia en Ibiza para la acogida de animales rescatados por maltrato o abandono, mantiene a los cuatro podencos supervivientes bajo custodia provisional mientras se resuelve su situación administrativa y judicial. En casos comparables, la resolución sobre el destino definitivo de los animales —incluida la posibilidad de adopción una vez concluida la causa— puede prolongarse hasta que el juzgado dicte una resolución firme.
La instrucción deberá determinar si el abandono fue continuado en el tiempo y el grado de responsabilidad del investigado. El procedimiento seguirá su curso ordinario: si el juzgado entiende que existen indicios suficientes, el asunto podría avanzar hacia la apertura de juicio oral, sin que en este momento exista ninguna resolución judicial sobre el fondo. El desenlace de la causa marcará los próximos hitos, a la espera del informe veterinario definitivo sobre el estado de los animales y de las diligencias que ordene el juzgado.
