La investigación arrancó a principios de marzo, después de que la empresa responsable del mantenimiento de las telecomunicaciones en la zona denunciara la desaparición de amplios tramos de tendido telefónico aéreo. Los primeros indicios recabados por los agentes situaron el foco en varios puntos del Aljarafe sevillano y en la provincia de Huelva, donde se venían sucediendo sustracciones similares. Sanlúcar la Mayor y Espartinas figuran, según la Guardia Civil, entre los municipios más golpeados por esta oleada de robos.
El perjuicio económico directo asciende a 180.000 euros, según el cálculo del instituto armado, a lo que se suma el impacto sobre los usuarios: los cortes afectaron a las comunicaciones de numerosos vecinos, al tratarse en muchos casos de infraestructura de telefonía fija utilizada por explotaciones y domicilios del entorno rural.
Los investigadores del Equipo ROCA descartaron pronto la hipótesis de robos aislados u oportunistas. El patrón de actuación —sustracciones repetidas en distintos municipios, uso de herramientas específicas para el corte de cobre y capacidad de desplazamiento entre provincias— apuntaba, según la Guardia Civil, a un grupo organizado con roles definidos y experiencia en este tipo de delito contra el patrimonio. Con esa hipótesis, los agentes desplegaron dispositivos de vigilancia en los puntos considerados de mayor riesgo, entre ellos instalaciones de energía solar, cuyo cableado de cobre resulta especialmente atractivo por su valor en el mercado de metales.
El seguimiento culminó cuando los agentes sorprendieron a los presuntos integrantes del grupo en el momento en que se disponían a actuar sobre una planta fotovoltaica, lo que permitió frustrar el robo antes de que se consumara. En esa intervención, los agentes recuperaron de forma inmediata más de 2.000 metros de cable telefónico e intervinieron herramientas destinadas específicamente al corte rápido de cobre, un elemento que la Guardia Civil interpreta como indicio del grado de preparación con el que actuaba el grupo.
La operación se salda con seis personas investigadas por su presunta participación en los robos cometidos en distintas localidades del Aljarafe sevillano y de la provincia de Huelva. No se han facilitado datos sobre su situación personal ni sobre la fase procesal en la que se encuentra el procedimiento. Los seis investigados gozan de la presunción de inocencia hasta que, en su caso, un juzgado de instrucción resuelva sobre su procesamiento y un tribunal se pronuncie sobre su eventual responsabilidad penal.
Del hurto al robo con fuerza: cómo se tipifica
El robo de cable de cobre puede encuadrarse en el Código Penal como hurto o como robo con fuerza, en función de las circunstancias de la sustracción y del valor de lo sustraído; la concurrencia de fuerza en las cosas o el acceso a instalaciones cerradas agrava la calificación. Cuando existe estructura, reparto de funciones y permanencia, la investigación puede orientarse además hacia la figura del grupo u organización criminal, con penas superiores.
El robo de metales, y en particular de cobre, constituye un fenómeno delictivo recurrente en España desde hace más de una década, ligado a las fluctuaciones del precio internacional de este metal en los mercados de materias primas. Episodios similares se han repetido en distintas comunidades autónomas, afectando a infraestructuras de telecomunicaciones, tendidos eléctricos y ferroviarios. La sustracción de cable en la red ferroviaria ha llegado a provocar retrasos e incidencias en el servicio, lo que impulsó en su día la creación de dispositivos específicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proteger estas instalaciones.
En esa línea se enmarca la operación Alxaraf Kupfer, integrada, según la Guardia Civil, en el dispositivo permanente de vigilancia de infraestructuras estratégicas y explotaciones agrícolas que el instituto armado despliega de forma continuada para combatir, entre otros delitos, el robo de cobre y de otros metales de valor. En el desarrollo de la operación han participado, además del Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor, los puestos de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache y de Bollullos de la Mitación, así como la Policía Local de Las Cabezas de San Juan.
La instrucción del caso continúa abierta y corresponderá al juzgado competente determinar los siguientes pasos del procedimiento, entre ellos la eventual toma de declaración a los investigados y la valoración de las pruebas recabadas durante los meses de vigilancia previos a la intervención. Por el momento no ha trascendido el número de diligencias ni el juzgado de instrucción que tramita la causa.
