El bloqueo del viernes se resolvió durante el fin de semana con contactos a distintos niveles, entre ellos uno directo entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que, según fuentes del PP, dio el «impulso definitivo» para desatascar el intercambio de propuestas provincia por provincia. «Ha habido cesiones colectivas», reconocen esas mismas fuentes populares.
Vox descartó desde el primer momento una retirada generalizada: en el entorno de Abascal se consideraba inasumible que sus votantes no encontraran papeleta propia en buena parte del país. El acuerdo final reduce esa renuncia a seis provincias —Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares— a cambio de que el PP escenifique su retirada en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona, esta última considerada la más asequible para Vox, que asegura estar «muy cerca» de lograr un escaño con una única papeleta.
El segundo eje del pacto afecta a catorce provincias en las que Vox presentará un solo candidato mientras el PP mantiene su paquete completo de tres. En el cuartel general de Abascal reconocen que esta fórmula exige «una cierta pedagogía» electoral, ya que los votantes de Vox deberán entender que, tras marcar a su senador, pueden completar la papeleta con dos nombres del PP. «Ahí van a jugar un papel importante los interventores», aseguran.
El PP hace una lectura optimista del resultado: entre las seis provincias en las que concurre en solitario y las catorce en las que Vox solo aporta un candidato, el partido de Feijóo sostiene que afianza su capacidad de crecimiento en veinte circunscripciones. «Antes del acuerdo podíamos perder, ahora solo podemos sumar apoyos», resumen fuentes populares.
Ambas formaciones insisten en que no se trata de una coalición, a diferencia del acuerdo entre PSOE y Frente Amplio, cuyas tensiones internas se reflejan en las acusaciones de acoso laboral contra la número dos de Frente Amplio formuladas por exempleados de Más Madrid. Para PP y Vox, mantener siglas y papeleta propia en la práctica totalidad del territorio era una condición que marcó toda la negociación.
Cuatro negociadores y los pactos autonómicos
El acuerdo se apoyó en un trabajo técnico con datos de elecciones pasadas y proyecciones de voto provincia a provincia. Por el PP, la negociación recayó en el gabinete de Feijóo, encabezado por Marta Varela, y en la secretaría general de Miguel Tellado. En Vox, los interlocutores fueron Kiko Méndez Monasterio, asesor de Abascal con conocimiento del funcionamiento electoral, y Montse Lluís, mano derecha del líder y nueva número dos por Madrid al Congreso. Los cuatro ya habían negociado juntos los pactos autonómicos cerrados este año.
El presidente de GAD3, Narciso Michavila, atribuye la urgencia del pacto a la presión del acuerdo entre PSOE y Frente Amplio, que a su juicio ponía en riesgo la mayoría absoluta de la derecha en la Cámara Alta.
«No les quedaba más remedio que pactar. Era sí o sí. Moncloa ha cometido el mismo error que cometió con Ayuso en 2021. El pacto en Murcia para la moción de censura le da la excusa para apretar el botón de la convocatoria electoral. Pues forzando este pacto en el Senado automáticamente le da una mayoría más amplia», afirma Narciso Michavila, presidente de GAD3.
El Senado reparte cuatro senadores por circunscripción provincial peninsular mediante voto limitado a tres nombres, el mecanismo que explica la aritmética del reparto entre ambos partidos. El plazo para el cierre de las candidaturas vencía a medianoche del lunes. Fuentes de ambos partidos coinciden en que el motor del acuerdo, más allá de los cálculos técnicos, fue evitar la decepción que una ruptura habría generado entre sus electorados.
