El dispositivo remitido por el órgano fiscalizador contendría la relación de personas físicas y jurídicas que habrían aportado donativos al PSOE en el periodo bajo escrutinio, un dato que no figura desagregado en la documentación pública de la contabilidad de los partidos. La aportación se suma a las diligencias abiertas a raíz de las declaraciones de Aldama ante el juez, en las que situó a Apamate Corporate & Trust —una sociedad de perfil opaco y ubicación offshore— como el vehículo a través del cual habrían circulado los fondos irregulares.
El Tribunal de Cuentas ejerce en España la fiscalización externa de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, conforme a la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos. Su papel no es sancionador en el ámbito penal, sino de control contable y de remisión de indicios a la jurisdicción ordinaria cuando detecta irregularidades que puedan ser constitutivas de delito. La norma establece límites a las donaciones privadas y obliga a su trazabilidad bancaria, para evitar cauces opacos de aportación de fondos.
La causa se instruye en un juzgado central de instrucción, órgano competente para investigar los hechos antes de decidir, en su caso, si procede la apertura de juicio oral. En esta fase, ningún partido ni persona física vinculada a las donaciones remitidas tiene la condición de acusado: el procedimiento se encuentra en la recopilación de indicios y la verificación documental.
La sociedad Apamate Corporate & Trust, mencionada por Aldama en su testimonio, no ha sido objeto hasta la fecha de una calificación jurídica definitiva por parte del instructor. Su papel en la causa se limita, según lo que consta, a las declaraciones del propio Aldama, que deberán contrastarse con la documentación bancaria y contable que ahora aporta el Tribunal de Cuentas.
La instrucción se enmarca en un escrutinio judicial recurrente sobre la financiación de los grandes partidos españoles. Los precedentes se remontan a los años noventa, con el caso Filesa, que en 1997 llevó al Tribunal Supremo a condenar a dirigentes vinculados al PSOE por financiación irregular a través de sociedades pantalla, y más tarde a la financiación en b del PP acreditada en la causa Gürtel, sobre la que la Audiencia Nacional dictó sentencia en 2018.
El PSOE no aparece en el material como parte investigada en calidad de persona jurídica en esta pieza concreta de la instrucción; el foco recae, por el momento, sobre los donantes identificados y sobre el papel atribuido a Apamate Corporate & Trust en la canalización de los fondos. Esta causa se suma al frente judicial abierto en torno a la formación, en paralelo a otras investigaciones como la avalancha de Ceuta que la Audiencia Nacional analiza como ataque a la integridad territorial.
El instructor deberá determinar ahora si la documentación aportada por el Tribunal de Cuentas corrobora o desmiente los extremos apuntados por Aldama en su declaración, que constituye el testimonio en torno al cual gira toda la instrucción.
