La instrucción original se centraba en el operativo naval israelí que interceptó varios barcos con destino a Gaza, entre ellos embarcaciones con matrícula española, y en las condiciones de la detención de sus ocupantes. La incorporación del delito de torturas traslada el foco a lo ocurrido tras el abordaje, durante la custodia de los tripulantes por parte de las fuerzas israelíes.
España aplica desde la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial un principio de justicia universal restringido, que exige un vínculo directo con territorio o víctimas españolas para que los tribunales nacionales investiguen delitos cometidos fuera de sus fronteras. La presencia de barcos con bandera española entre los interceptados permite activar esa competencia limitada, mecanismo que ha servido de base a causas por crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos con nexo español.
La Audiencia Nacional ya instruyó en 2010 una causa por el asalto de comandos israelíes al buque Mavi Marmara, en el que murieron nueve activistas turcos, después de que un ciudadano español participara en aquella flotilla rumbo a Gaza. Aquel procedimiento, como otros vinculados a operaciones militares israelíes con intereses españoles, tuvo un recorrido limitado por la dificultad de obtener pruebas y testimonios fuera de la jurisdicción nacional.
Las flotillas civiles que en los últimos años han intentado romper el bloqueo naval sobre Gaza han sido interceptadas de forma reiterada por la Armada israelí en aguas internacionales o próximas a la costa gazatí, lo que ha motivado protestas diplomáticas de varios países cuyos ciudadanos o barcos se vieron afectados. Israel defiende el bloqueo como medida de seguridad frente al riesgo de que las embarcaciones transporten armamento a la Franja, gobernada por Hamás desde 2007.
El expediente judicial español se suma a otros procedimientos internacionales que examinan la conducta de las fuerzas israelíes en el conflicto en Gaza. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre la situación en los territorios palestinos, y en enero de 2015 su fiscalía asumió jurisdicción sobre los hechos ocurridos desde 2014.
La ampliación de la causa obliga al juzgado a recabar los testimonios de los tripulantes españoles detenidos durante el abordaje y a determinar si existieron malos tratos durante su custodia por parte de personal militar israelí antes de su expulsión o repatriación. El giro judicial se produce mientras varios Gobiernos europeos han endurecido su posición hacia las operaciones israelíes en el enclave, como refleja la ley que Giorgia Meloni ha anunciado en un contexto de creciente atención a las políticas sobre población civil y activistas extranjeros.
