Meloni defendió que los alumnos italianos no deben acabar convertidos en minoría dentro de sus propias clases y vinculó las nuevas restricciones a la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo. La iniciativa llegará próximamente al Consejo de Ministros para su tramitación formal y se inscribe en la línea migratoria que el Ejecutivo de Hermanos de Italia mantiene desde su llegada al poder en octubre de 2022.
El presidente de la Asociación Nacional de Directores, Antonello Giannelli, señaló posteriormente que fijar un porcentaje máximo de alumnado extranjero por clase puede plantear dificultades prácticas en los barrios donde existe una elevada concentración de población extranjera. La observación apunta a un problema de aplicación material: en distritos con alta densidad de población inmigrante, cumplir el límite exigiría redistribuir alumnos entre centros o ampliar el número de aulas, algo que requiere recursos e infraestructura.
El Gobierno de Meloni ya ha impulsado en los últimos años medidas de endurecimiento en materia de asilo y control fronterizo, entre ellas los acuerdos con Albania para la externalización de centros de detención de migrantes, un modelo que Roma presentó en 2023 y que ha tropezado con reveses judiciales. La escolarización de menores extranjeros se concentra de forma desigual por regiones, con mayor peso en el norte industrializado que en el sur.
El veto al burka y al hiyab
Meloni defendió la prohibición de las prendas islámicas en los centros educativos apelando a que a la escuela se debe acudir con el rostro descubierto, y enmarcó la medida en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, principio que calificó de «innegociable» tanto en las calles como en los colegios italianos. La formulación sitúa la iniciativa en una tradición normativa que Francia inauguró en 2004 con la prohibición de símbolos religiosos ostensibles en la escuela pública.
Francia amplió ese marco en 2010 con la ley que veta el velo integral en el espacio público, confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014. Bélgica y algunos cantones suizos han seguido itinerarios similares en la última década, mientras que Alemania ha optado por regulaciones fragmentarias delegadas en los Länder. La propuesta italiana se inscribe así en un debate europeo de larga duración sobre el equilibrio entre libertad religiosa, laicidad del espacio educativo e igualdad de género.
Reforma de la formación técnico-profesional
El paquete educativo incluirá una reforma de la enseñanza técnico-profesional: el Ejecutivo pretende extender la denominación de «liceo» a los institutos técnico-profesionales, con el propósito declarado de equiparar el reconocimiento de estos itinerarios al de otras modalidades educativas. Meloni defendió que quienes escogen estos estudios deben ser considerados en igualdad de condiciones respecto al resto de alumnos, en un país donde la formación profesional ha arrastrado tradicionalmente una imagen de segunda opción frente al bachillerato clásico o científico.
La dirigente aprovechó también su intervención para reivindicar la cultura del esfuerzo y la evaluación frente a lo que considera una tendencia a igualar las calificaciones. A su juicio, conceder aprobados de manera generalizada no garantiza las mismas oportunidades, sino que impide detectar tanto las carencias de quienes necesitan apoyo como el rendimiento de los estudiantes que destacan. Por ello defendió una escuela que evalúe, corrija los errores y mantenga unas normas claras.
Meloni cerró el bloque educativo reivindicando la política universitaria de su Ejecutivo. Según los datos que expuso, el Fondo de Financiación Ordinaria de las universidades alcanza los 9.400 millones de euros, frente a los 8.400 millones que, aseguró, había cuando llegó al Gobierno, lo que supone según sus cálculos un incremento del 25% respecto a 2019.
La cifra, atribuida por la propia primera ministra, se sumaría a otras medidas fiscales recientes del Gobierno de Roma, como la eliminación del impuesto de circulación para 14,5 millones de coches y motos, en la estrategia de Hermanos de Italia de combinar rebajas fiscales con un discurso de firmeza migratoria dirigido al electorado conservador.
El anuncio llega en un contexto europeo marcado por el avance de formaciones de derecha radical, como refleja el ascenso de Alternativa para Alemania, que en Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha rozado el empate con el SPD mientras la CDU se hundía al 6%, según los datos recogidos en el análisis de esta sección sobre el terremoto electoral en Alemania. Meloni preside Hermanos de Italia desde 2014 y el Gobierno italiano desde octubre de 2022, y ha convertido la política migratoria y educativa en uno de los ejes de su proyecto.
La escuela pública italiana ha sido escenario de debates recurrentes sobre símbolos religiosos: en 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló, en el caso Lautsi contra Italia, la presencia de crucifijos en las aulas, al considerar que su exhibición no vulneraba la libertad de conciencia. La nueva iniciativa reabre esa discusión desde el ángulo opuesto, el de las prendas del alumnado.
La medida educativa deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria, un recorrido en el que el Ejecutivo cuenta con mayoría en ambas cámaras. Giannelli ya advirtió de que el límite de extranjeros por aula puede toparse con dificultades prácticas en los barrios de mayor concentración inmigrante.
