La Consejería de Sanidad ofreció el encuentro, propuesto por el propio De la Torre, para tratar de contener la crisis abierta tras la información publicada el martes pasado por EL PAÍS, que reveló las alteraciones en el sistema de priorización quirúrgica del hospital. La revelación generó preocupación por el posible perjuicio para los enfermos cuya urgencia clínica fue reclasificada al margen del criterio médico original.
"No avisé porque tengo 29 años de experiencia", declaró Basilio de la Torre, jefe del Hospital Ramón y Cajal, al justificar por qué no comunicó los cambios a los cirujanos responsables de las valoraciones iniciales.
La rebaja de prioridad de los 57 pacientes ayudaba al hospital a cumplir las metas de productividad fijadas por la Consejería de Sanidad, según un documento oficial del centro fechado el 11 de septiembre. Esas metas llevan aparejada una bonificación económica extra cuando se cumplen los plazos de espera establecidos, lo que ha alimentado las dudas sobre el motivo de la reclasificación.
El sistema de clasificación de listas de espera quirúrgica en la sanidad pública madrileña distingue entre pacientes preferentes, que deben ser intervenidos en un máximo de 90 días, y pacientes normales, con un plazo de hasta 180 días. Alterar esa categoría sin nueva valoración clínica duplica en la práctica el tiempo de espera del paciente afectado, sin que medie una razón médica documentada por el especialista que emitió el diagnóstico inicial.
De la Torre ha reivindicado su experiencia profesional como aval para tomar esa decisión de forma unilateral, una justificación que no despeja la cuestión de fondo: si un gestor hospitalario puede modificar la gravedad asignada por otro facultativo sin consultarle ni dejar constancia del cambio en el historial clínico del paciente.
La gestión de las listas de espera quirúrgica es uno de los indicadores más vigilados de la sanidad pública española, por su impacto directo en la salud de los pacientes y por su uso como termómetro político de la calidad asistencial de cada comunidad. Los datos de demora media y de cumplimiento de los plazos garantizados forman parte de los informes que las consejerías de Sanidad publican periódicamente y que condicionan la percepción ciudadana sobre el sistema.
La entrevista se produce mientras la Comunidad de Madrid trata de contener el impacto del caso, con la gestión sanitaria de nuevo en el centro del debate autonómico, en paralelo a otras controversias como la que atraviesa el PP de Madrid con el llamado 'ático de Chamberí' antes de las elecciones autonómicas.
