Fuentes del entorno del Ejecutivo habrían apelado a la necesidad de que los futuros integrantes del tribunal popular actúen sin «ideas preconcebidas» y con ecuanimidad, un reproche formulado antes de que se celebre el sorteo. Begoña Gómez mantiene en esta fase la condición de investigada, sin que conste procesamiento ni apertura de juicio oral que suponga un salto de peldaño procesal.
Esta clase de advertencias previas a un sorteo de jurado no son frecuentes en el procedimiento penal español. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, de 1995, regula de forma tasada tanto la selección aleatoria de los candidatos entre el censo electoral de la provincia como las causas de recusación, precisamente para blindar la imparcialidad del tribunal popular frente a presiones externas, sean del signo que sean.
El mecanismo se aplica en España desde hace tres décadas para delitos como el homicidio, las amenazas o la infidelidad en la custodia de documentos, entre los tipificados en el artículo 1 de esa ley. Las partes, tanto la acusación como la defensa, disponen de un número limitado de recusaciones sin necesidad de motivación, además de las recusaciones por causa legal tasada, lo que constituye la vía ordinaria para cuestionar a un candidato concreto, no para deslegitimar de antemano al conjunto del jurado.
Novena resolución en paralelo a un viaje de Sánchez
La coincidencia entre las resoluciones del juzgado y los desplazamientos internacionales del presidente se ha convertido en un elemento recurrente en torno a esta causa, aunque no consta relación causal entre ambos hechos más allá de la simultaneidad temporal. Se trataría, según fuentes próximas al Gobierno, de la novena ocasión en que un pronunciamiento del magistrado se produce en paralelo a la agenda exterior de Sánchez.
El Gobierno y el PSOE han cuestionado en varias ocasiones la actuación del magistrado, en línea con las críticas ya formuladas contra otras decisiones de instrucción en esta misma causa, como cuando Moncloa y PSOE censuraron a Peinado por enviar a Begoña Gómez a juicio. Esa réplica pública se ha reproducido con matices similares cada vez que el juzgado ha dado un nuevo paso procesal.
La instrucción de causas que afectan a familiares de altos cargos no es ajena a la historia judicial reciente española: desde la Transición, distintos juzgados de instrucción han tramitado procedimientos vinculados a entornos de presidentes y ministros, casos en los que el debate público sobre la imparcialidad de jueces, jurados o instructores ha acompañado el desarrollo procesal con independencia del signo político del Gobierno de turno.
El procedimiento avanza ahora hacia la fase de determinación de las listas de candidatos a jurado, un trámite que parte de un sorteo entre los censos electorales de la provincia. No consta una fecha cerrada para dicho sorteo ni para una eventual apertura de juicio oral, extremos que dependerán de las resoluciones que el propio juzgado adopte en los próximos autos de la causa.
