Fuentes de Moncloa condenaron la decisión judicial y sostuvieron que durante la instrucción «ha quedado clara y demostrada» la inocencia de Gómez, al tiempo que expresaron su «plena confianza» en que el juicio acredite lo mismo. El Ejecutivo calificó la instrucción de «arbitraria e injusta» y la atribuyó a la «persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno», denunciando «la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción».
«Condenamos la decisión del juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez», señalaron fuentes de Moncloa.
El Gobierno criticó además la coincidencia temporal de la notificación con la agenda internacional de Sánchez, que viaja este lunes a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. «Es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno», señalaron las mismas fuentes, que se quejaron también de que la resolución se hiciera pública antes de ser notificada a las partes.
El PSOE respondió a través de sus redes sociales, donde defendió la inocencia de Gómez y denunció que la esposa del presidente lleva dos años sometida a una «persecución judicial y política». Los socialistas vincularon la actuación del instructor a la frase «quien pueda hacer, que haga», pronunciada por el expresidente José María Aznar.
La crítica más contundente llegó de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que en un mensaje publicado en la red social X acusó al magistrado de aprovechar sus últimos meses antes de la jubilación para dictar la resolución.
«El último servicio a la ‘patria’ antes de colgar la toga», escribió Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE.
Torró reprochó que el auto se hiciera público «en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez» e insistió: «Lo diremos las veces que haga falta: Begoña Gómez es INOCENTE». La reacción se enmarca en la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial que arrastra la legislatura, con enfrentamientos recurrentes desde que en 2018 el Gobierno de Sánchez asumió el poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Los socialistas cuestionaron también el origen y el desarrollo de la causa, que según recordaron se inició a raíz de una denuncia de una organización que califican de «ultraderechista» y que, sostienen, ha ido «perdiendo acusaciones por el camino» después de que instancias judiciales superiores corrigieran decisiones del instructor, entre ellas la retirada del pasaporte a Gómez por la Audiencia Provincial de Madrid.
El auto de apertura de juicio oral es la resolución con la que un juez de instrucción cierra la investigación y da paso a la fase de enjuiciamiento, al considerar que existen indicios suficientes de delito; la decisión sobre la culpabilidad corresponderá al tribunal en el juicio. El PSOE afirmó que Gómez ha colaborado con la Justicia durante todo el procedimiento y que «no hay ninguna prueba de que haya cometido delito alguno», y concluyó que «se ha sometido a una persona inocente a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez».
