El juicio investiga la adjudicación de obras de rehabilitación en cuarteles de la Guardia Civil y sienta en el banquillo al teniente general Pedro Vázquez Jarava, antiguo responsable de los recursos financieros y patrimoniales de la institución, y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon, acusados de amañar contratos a favor de este último. La comparecencia de Holgado llevó por primera vez la vista al terreno de la decisión política sobre el cierre de la investigación.
Holgado, magistrado y actual presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, compareció para explicar la decisión que adoptó al frente de la Dirección General hace casi nueve años. Según su testimonio, el archivo respondió a que no apreció indicios de delito en la documentación que tuvo delante, sino irregularidades de tipo administrativo que, a su juicio, no exigían la intervención del Ministerio Público.
«No vi indicios de delito, solo una mala praxis administrativa», declaró José Manuel Holgado, exdirector general de la Guardia Civil, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El exdirector insistió en que la decisión de no remitir el expediente a la Fiscalía no fue unilateral. Sostuvo que archivó la investigación «con conocimiento» de sus subordinados, en lo que el relato de la vista describió como un intento de repartir la responsabilidad entre quienes conocían el contenido de los informes antes de que él resolviera.
La declaración de Holgado llegó un día después de que cuatro mandos de la Guardia Civil afirmaran ante el mismo tribunal que fue el propio general procesado quien les incitó a contratar con el empresario Tejera de León. Esos testimonios refuerzan la tesis de la acusación sobre un patrón de adjudicaciones dirigidas hacia el mismo contratista a lo largo de distintas comandancias.
Al menos dos informes internos elaborados antes del archivo de 2017 ya habían detectado las anomalías en la contratación de obras que, años después, motivaron la apertura de la causa penal que ahora se juzga. Ahí reside la discrepancia central del proceso: la instrucción judicial interpretó esos documentos como indicios suficientes para investigar un posible delito, mientras que el entonces director general sostuvo este viernes que su contenido no superaba el umbral de la infracción administrativa.
El procedimiento se tramita ante la Audiencia Provincial, competente para enjuiciar los delitos de mayor gravedad, y arrastra un recorrido largo: la decisión de archivar es de diciembre de 2017, pero la causa penal se reactivó años después al salir a la luz que un segundo informe confirmaba las irregularidades pese al cierre ordenado por la cúpula del cuerpo. Es el mismo territorio de las adjudicaciones públicas en el que se mueven otros procesos recientes de la jurisdicción, como el caso del narco 'El Pablo' y su clan, puestos en libertad tras ser detenidos por blanqueo, aunque aquí el foco está en la gestión interna de un cuerpo de seguridad del Estado.
Vázquez Jarava y Tejera de León mantienen la condición de acusados mientras continúa el juicio, sin que conste en esta fase ningún pronunciamiento sobre su responsabilidad penal. La vista prosigue con nuevas sesiones en las que declararán otros testigos vinculados a la cadena de mando que gestionó los contratos de obras en cuarteles durante los años investigados.
