Pillay ejerció como abogada defensora en Sudáfrica durante el régimen del apartheid, donde representó a activistas políticos encarcelados, entre ellos Nelson Mandela. Esa experiencia orientó el resto de su carrera hacia la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos y hacia los mecanismos judiciales internacionales capaces de perseguir esos crímenes más allá de las fronteras nacionales.
Con el paso de los años formó parte de varios tribunales internacionales dedicados a juzgar crímenes de guerra y genocidio en distintos contextos, según recoge el fallo del Comité. Ese recorrido la consolidó como una de las juristas de referencia en el desarrollo del derecho penal internacional contemporáneo, un campo que ha ganado protagonismo ante la multiplicación de conflictos armados y la presión por juzgar a sus responsables.
El Comité del Nobel subrayó de forma específica su contribución al trabajo de la Corte Penal Internacional, el tribunal con sede en La Haya creado para perseguir el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. La CPI opera desde 2002 bajo el Estatuto de Roma, adoptado en 1998.
El tribunal ha afrontado críticas por la dificultad de ejecutar sus órdenes de detención y por la falta de adhesión de algunas de las principales potencias, entre ellas Estados Unidos, Rusia y China, que no son Estados parte del Estatuto. Esa limitación condiciona el alcance real de sus decisiones, que dependen de la cooperación de los países firmantes para hacerse efectivas.
El galardón llega en un momento de tensión para la justicia internacional: la capacidad de los tribunales para perseguir crímenes de guerra se ha visto puesta a prueba por conflictos activos desde Oriente Próximo hasta Europa del Este, donde las órdenes de arresto de la CPI no siempre han tenido un correlato práctico. El propio tribunal emitió en 2023 una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, sin que haya podido ejecutarse.
El Premio Nobel de la Paz lo concede un comité de cinco miembros designado por el Parlamento noruego, y es el único de los galardones que se otorga y entrega en Oslo y no en Estocolmo. La tradición de reconocer a juristas y defensores del derecho internacional tiene precedentes: en 1995 el físico Joseph Rotblat y las conferencias Pugwash fueron premiados por su labor contra las armas nucleares, y en 2022 el comité distinguió a organizaciones de derechos humanos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania dedicadas a documentar abusos.
El anuncio del Nobel de la Paz coincide en la misma semana con la divulgación de otros galardones de la presente edición, entre ellos el Nobel de Química, concedido a Henri B. Kagan y Kenso Soai por su trabajo en síntesis orgánica asimétrica. El perfil de Pillay, forjado en la lucha contra el apartheid y consolidado en estrados internacionales, la sitúa en la tradición de juristas reconocidos por el comité noruego en un ámbito que convive con otros debates sobre el papel de Naciones Unidas, como el recogido en el reproche de Guterres a Colombia por la falta de concreción sobre el Acuerdo de Paz.
