El líder de la organización y otras once personas pasaron la mañana de este viernes a disposición del juez de guardia de detenidos en los juzgados de Palma, según fuentes próximas a la investigación. La autoridad judicial ordenó su puesta en libertad provisional con varias medidas cautelares. Las nueve personas restantes, arrestadas también por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, quedaron en libertad tras declarar en comisaría, sin necesidad de comparecer ante el juez.
Que ninguno de los 21 detenidos permanezca en prisión no implica el cierre de la causa: todos continúan investigados por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La libertad provisional con cautelares es una medida habitual cuando el juez descarta riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, y no supone pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad de los investigados.
48 inmuebles decomisados en La Soledat
La investigación, que permanece abierta, se centra en el presunto blanqueo de 20 millones de euros procedentes de la venta de droga, empleados supuestamente para adquirir, una a una, docenas de viviendas en el barrio palmesano de La Soledat, señalado como centro de operaciones del clan desde hace años. Los agentes han decomisado hasta el momento 48 inmuebles, además de vehículos, joyas, armas de fuego y droga.
Según la investigación, la organización fue comprando sistemáticamente todas las casas situadas en torno a la residencia del principal investigado para reformarlas de manera clandestina y agruparlas entre sí. El resultado eran viviendas de grandes dimensiones convertidas en puntos de venta de droga, con puertas blindadas y paredes reforzadas para dificultar el acceso policial.
El domicilio atribuido a El Pablo contaba con 1.400 metros cuadrados, piscina, garaje y un posible túnel para la huida. Sin embargo, en los registros del Catastro no figura ese inmueble como unidad única, sino las nueve casas independientes que en su día ocuparon la parcela, a nombre del propio investigado, de su esposa y de otros familiares.
El uso del ladrillo para dar apariencia lícita a dinero del narcotráfico es un patrón recurrente en la costa mediterránea: en el Campo de Gibraltar y Baleares, sucesivas operaciones contra el blanqueo inmobiliario se han saldado con decomisos de viviendas adquiridas en metálico. Casos recientes como una nueva denuncia que señala al alcalde de Algeciras reflejan la presión judicial sostenida sobre ese litoral.
La causa sigue abierta en los juzgados de Palma, donde se investiga el entramado inmobiliario del clan en el barrio de La Soledat.
