El fallo no entra a valorar si existían irregularidades en los pisos afectados. Su razonamiento es estrictamente jurídico: la actividad "podría ser constitutiva de una infracción administrativa, pero no de la tipificada en el artículo 204.3.b) de la Ley del Suelo", el precepto que castiga como infracción urbanística grave la implantación y el desarrollo de usos incompatibles con la ordenación urbanística aplicable. El tribunal ha estimado así los recursos de apelación de Flores en representación de dos propietarios de viviendas de uso turístico en el centro de la capital.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, puso en marcha hace casi dos años un plan sancionador para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico sin permiso municipal, que entonces superaban las 13.200 según cálculos del propio Ayuntamiento. Para ello recurrió a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que permite sanciones desde 30.001 euros, muy superiores a los 1.000 euros que fijaba la normativa aprobada al final del mandato de Manuela Carmena.
El motivo habitual de estas sanciones era la falta de acceso independiente al portal que usan los vecinos, un requisito exigido por el Plan de Usos del Hospedaje. El Consistorio venía calificando esa carencia como un "uso urbanísticamente incompatible", lo que le permitía aplicar el régimen sancionador más severo, ahora cuestionado por el TSJM.
El área de Urbanismo, dirigida por Borja Carabante, denunció el año pasado a 1.408 propietarios de VUT sin licencia, de los que 323 regresaron voluntariamente al uso residencial tras la apertura del expediente sancionador. La resolución judicial no es firme: el Ayuntamiento puede recurrirla ante el Tribunal Supremo.
Javier Flores explicó a los medios el alcance de la sentencia. Matizó que el fallo "no significa que todas las sanciones vayan a ser anuladas automáticamente", aunque considera que "eso obliga a revisar muchos expedientes".
"El tribunal va al núcleo del problema y concluye que el tipo sancionador utilizado por el Ayuntamiento no encaja con los hechos", declaró Javier Flores, abogado de los propietarios sancionados.
Del UPyD de 2010 a Higueras
Flores militó en UPyD en 2010, cuando llegó a postularse como cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid, y con los años desplazó su discurso hacia posiciones próximas a la izquierda; formó parte de Más Madrid y ahora impulsa una candidatura con Independientes por Madrid, el partido de Marta Higueras, ex número dos de Carmena. En los últimos años se ha convertido en una figura habitual en los tribunales enfrentado al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, contra quien ha presentado querellas relacionadas con la compra y venta de un ático por la empresa Planifica Madrid —asunto que en el terreno político centra los esfuerzos del PP de Madrid por cerrar el 'ático de Chamberí' antes de las autonómicas— y denuncias sobre la gestión de la sanidad pública madrileña.
Hasta hace pocos meses, sin embargo, Flores se situaba en el lado opuesto del debate sobre la vivienda turística, representando a propietarios frente al Ayuntamiento. El letrado ha calificado de "delirio colectivo" el debate en torno a la vivienda turística y ha rechazado que sus clientes sean "los culpables universales" del problema de acceso a la vivienda en la ciudad, una tensión que atraviesa otras comunidades, como refleja la posición del PSOE balear, que asegura que Mallorca no puede más tras crear 115.000 plazas turísticas.
