La operación conjunta de tres cuerpos policiales —uno estatal y dos autonómicos— rastreó el origen de los mensajes intimidatorios recibidos por Montero y Santaolalla hasta ubicar al sospechoso en territorio guipuzcoano. Las amenazas se produjeron en los primeros meses de este año a través de canales digitales, un patrón que las autoridades relacionan con la operativa característica de 764, según las fuentes citadas.
La coordinación entre la Guardia Civil, los Mossos y la Ertzaintza es habitual en investigaciones que afectan a comunidades virtuales sin fronteras territoriales, donde los sospechosos pueden residir en una comunidad autónoma y las víctimas en otra. Este tipo de cooperación se ampara en los protocolos de colaboración entre policías judiciales previstos en la legislación de seguridad ciudadana y en los convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y las comunidades con policía propia.
Una red virtual con tintes nazis, satánicos y pedófilos
El grupo 764 fue creado en 2021 por un adolescente estadounidense y ha sido descrito por los investigadores como una red extremista transnacional que combina simbología neonazi, elementos satánicos y prácticas de explotación sexual infantil. Su modelo de actuación consiste en captar a menores para someterlos después a procesos de sextorsión —chantaje mediante material sexual obtenido de las propias víctimas— y de radicalización progresiva hacia la violencia, con el objetivo declarado de provocar el colapso de la sociedad.
La red no responde a una estructura jerárquica tradicional, sino que funciona como un ecosistema de células y perfiles descentralizados que comparten una ideología favorable a la comisión de actos violentos, incluidas autolesiones y agresiones a terceros. Diversas agencias policiales, entre ellas el FBI estadounidense, han alertado en los últimos años sobre el crecimiento de estas comunidades, que aprovechan la naturaleza global de internet para operar sin una localización física fija. Es la primera vez que en España se practica una detención de un perfil señalado como referente nacional del grupo.
Montero, que fue ministra de Igualdad entre 2020 y 2023 antes de dar el salto al Parlamento Europeo como eurodiputada de Podemos, ha sido diana recurrente de campañas de acoso digital desde su etapa en el Gobierno. Distintas asociaciones feministas vienen denunciando el incremento de amenazas dirigidas contra mujeres con responsabilidad política como una forma específica de violencia machista digital.
El Código Penal español recoge en su artículo 169 el delito de amenazas, que puede agravarse cuando concurren circunstancias como la naturaleza terrorista de la organización a la que pertenece el presunto autor, tipificada en los artículos 571 y siguientes tras la reforma de 2015. Al tratarse de un menor de edad, la instrucción de la causa corresponderá previsiblemente a un juzgado de menores, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que prevé un régimen sancionador y de reinserción diferenciado del aplicable a los adultos.
Las fuentes de la investigación consultadas no han precisado si el detenido permanece en dependencias policiales o ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ni si existen otras personas investigadas dentro de la presunta célula española de 764. Tampoco se ha confirmado si las amenazas contra Montero y Santaolalla forman parte de una operativa más amplia dirigida contra otras figuras públicas, extremo que la instrucción judicial deberá determinar.
Ni Podemos ni Santaolalla se han pronunciado públicamente sobre la detención. El Ministerio del Interior tampoco ha ofrecido un balance oficial de la operación ni ha confirmado la fecha exacta del arresto ni el número de agentes desplegados, datos que suelen difundirse cuando el caso alcanza una fase judicial más avanzada o se practican nuevas detenciones conexas.
El acoso digital a cargos públicos no es un fenómeno nuevo en España. Desde la Transición, dirigentes de distintos partidos han sido objeto de campañas de amenazas, si bien la irrupción de redes globales y canales cifrados ha transformado su alcance y su modus operandi. La Fiscalía General del Estado cuenta desde hace años con una unidad especializada en delitos de odio que interviene en causas con componente ideológico o discriminatorio, como el que parece apuntar la instrucción abierta en este caso.
La proliferación de grupos como 764 ha llevado a Europol y a las policías nacionales a reforzar sus unidades de ciberdelincuencia dedicadas a la protección de menores. En España, esta labor recae en unidades especializadas como el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, encargado de investigar redes de explotación y radicalización infantil en entornos digitales.
A partir de ahora, la causa seguirá su curso ante la jurisdicción de menores, que deberá determinar el grado de responsabilidad del detenido y su vinculación efectiva con la estructura de 764 en España. Los investigadores no descartan que la operación se amplíe con nuevas diligencias si se confirma la existencia de otros miembros o colaboradores de la red dentro del territorio nacional.
