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La Guardia Civil analiza 79 cuerpos tras la crisis migratoria de Ceuta

Buzos del GEAS y la Policía Judicial encadenan jornadas de 14 horas entre labores de rescate e identificación forense desde el pasado jueves

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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La Guardia Civil mantiene desde el pasado jueves un despliegue simultáneo de buceadores del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) y de equipos de la Policía Judicial en Ceuta, tras la crisis migratoria que ha derivado en la localización de 79 cuerpos, según el material disponible.

El operativo pasó del salvamento a la identificación a medida que crecía el número de víctimas mortales. Los efectivos del GEAS, especializados en operaciones subacuáticas, han desplazado buena parte de su actividad hacia la localización de cuerpos sin vida en aguas próximas a la costa ceutí. En paralelo, los equipos de Policía Judicial —conocidos coloquialmente como el «CSI» del instituto armado— asumen la toma de muestras, el cotejo de huellas dactilares y la recogida de indicios destinados a establecer la identidad de los 79 fallecidos contabilizados.

La identificación de cadáveres en contextos de crisis migratoria se rige por protocolos forenses que incluyen autopsia, toma de ADN, registro dactiloscópico y cotejo con bases de datos de personas desaparecidas, tanto nacionales como, cuando resulta posible, de los países de origen a través de canales de cooperación consular. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es el organismo competente para practicar las autopsias y determinar la causa de la muerte en cada caso, un extremo determinante para que la instrucción judicial pueda avanzar.

El marco penal que se activa ante las muertes en frontera

El marco legal aplicable combina la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) con el Código Penal en lo relativo a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tipificados en el artículo 318 bis. Ese precepto castiga con penas de prisión a quienes faciliten la entrada irregular, y prevé penas agravadas cuando la conducta pone en peligro la vida de las personas trasladadas o se produce un resultado de muerte. La eventual intervención de redes de tráfico de personas en la organización de un cruce masivo situaría los hechos en el ámbito de este tipo penal.

La Fiscalía es la encargada de dirigir las diligencias de investigación en su fase inicial, antes de que la instrucción quede formalmente en manos del juzgado competente. En sucesos de esta naturaleza, la investigación suele orientarse tanto a la causa directa de los fallecimientos como a la posible existencia de responsabilidades penales de terceros vinculados a la organización del intento de entrada.

Ceuta no es ajena a episodios de esta magnitud. La ciudad autónoma vivió en mayo de 2021 una crisis migratoria de dimensiones históricas, cuando miles de personas cruzaron la frontera del Tarajal en pocas horas, en un contexto de tensión diplomática entre España y Marruecos. Aquel episodio, con todo, no se saldó con un número de víctimas mortales comparable al registrado en los últimos días, lo que subraya la excepcionalidad del operativo forense actualmente en marcha.

La gestión de la frontera de Ceuta se enmarca en la cooperación bilateral entre España y Marruecos en materia migratoria, un ámbito históricamente sensible en las relaciones entre ambos países. El control conjunto de los pasos terrestres y marítimos ha sido reiteradamente objeto de negociación diplomática, y el reparto de responsabilidades en la vigilancia fronteriza suele emerger como cuestión central cada vez que se produce un episodio de entrada masiva.

El impacto de la crisis se ha extendido al tejido comercial de la ciudad. En el material disponible figura el testimonio de una comerciante local, Leonor Heredia, de 63 años, que relató haber sufrido un asalto en su establecimiento durante los incidentes asociados a la llegada masiva de personas: «Estoy asustada. Ahora tengo ansiedad», declaró. Episodios de este tipo pueden dar lugar a diligencias policiales diferenciadas de la investigación principal sobre los fallecimientos.

El desenlace de la investigación quedará condicionado al ritmo de las identificaciones forenses, un proceso que puede prolongarse cuando las víctimas carecen de documentación o su procedencia dificulta el cotejo con bases de datos. Solo tras completar esas identificaciones podrá determinarse una cifra oficial cerrada y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de cada muerte.

Mientras tanto, la Guardia Civil sostiene el operativo extraordinario en la ciudad autónoma, con los dos grupos —GEAS y Policía Judicial— trabajando de forma simultánea desde el inicio de la crisis. La duración del despliegue dependerá tanto de la evolución de la situación en la frontera como del avance de las labores de identificación de los cuerpos localizados.

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