El informe se apoya en el pronunciamiento del Tribunal Electoral, que el pasado 1 de octubre reconoció "significativos avances" en el proyecto original pero catalogó de "retrocesos para el sistema electoral panameño" los cambios introducidos en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales durante el primer debate. El órgano electoral ya había calificado de retrocesos esas modificaciones, como recogió el rechazo del Tribunal Electoral a los cambios al Código Electoral.
Uno de los puntos centrales es el requisito de firmas. El texto eleva al 3% de los votos válidos de la última elección general el número de adherentes para inscribir un partido y de firmas para las candidaturas por libre postulación. Las diputadas contrastan esa cifra con los datos de la Junta Nacional de Escrutinio: 1,964,746 votos válidos en 2019 frente a 2,275,746 en 2024, un aumento de 15.8% en el electorado.
"Este aumento resulta desproporcionado frente al crecimiento real del electorado", sostienen las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler en su informe de minoría.
También cuestionan el incremento de los topes de financiamiento privado. El texto fija un rango de $300,000 a $500,000 para candidatos a diputados y permite que los aspirantes a alcalde reciban hasta $500,000 en distritos de hasta 200,000 electores. Lo califican de "absolutamente exorbitante" y advierten que los gobernantes electos "pueden verse condicionados a legislar o favorecer los intereses de los grandes financistas de la próxima contienda electoral".
Las objeciones alcanzan el reparto de curules. El artículo 104 prohíbe que un partido con dos o más curules por cociente participe en la asignación por medio cociente y por resto mayor, algo que el informe llama "un grave atentado contra la manifestación de la voluntad popular". El artículo 70, por su parte, permite que quien gane dos puestos de elección popular conserve la titularidad de ambos y pida licencia sin sueldo en el que no ejerza. Las diputadas señalan que eso contradice el artículo 302 de la Constitución, que obliga a los servidores públicos a "desempeñar personalmente sus funciones", y citan una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 4 de octubre de 2021 sobre la doble postulación.
El informe acusa además a la comisión de recortar herramientas del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, al mantener en tres años la prescripción de la acción penal electoral cuando el órgano electoral sugirió cuatro. Las multas por no presentar el informe de gastos de campaña también disminuyen: las de los tesoreros de candidatos presidenciales bajan de $4,000 a $2,000, y las de representantes de corregimiento y concejales, de $2,000 a $500.
Brenes y Chandler piden también reducir a la mitad el aporte estatal para las elecciones de 2029, que hoy equivale al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central —estimado en unos $158 millones— citando "la difícil realidad económica que viven nuestros habitantes". Su texto único alternativo fija el subsidio en 0.5%, exige a los candidatos independientes rendir ingresos y gastos "en línea y en tiempo real" hasta tres días después de cada gasto, limita a $1,000 las donaciones en efectivo de una sola fuente, sube a cinco años la prescripción de los delitos electorales y mantiene en 2% el requisito de firmas.
El informe de minoría resuelve negar que el proyecto pase a segundo debate "tal cual fue aprobado en primer debate".