El proyecto fue presentado por el propio Tribunal Electoral ante el pleno de la Asamblea el 31 de octubre pasado con el objetivo declarado de introducir "significativos avances" en materia de participación, transparencia y equidad electoral. Tras su paso por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático, el texto original de 168 artículos sufrió 46 cambios, eliminaciones y adiciones.
Entre los puntos que generaron el rechazo del tribunal figura la modificación al esquema de topes de financiamiento privado para campañas. El Código Electoral vigente fija límites únicos: hasta $300,000 para un candidato a diputado y hasta $150,000 para uno a alcalde. La propuesta aprobada en primer debate sustituye ese tope fijo por una escala según el tamaño del circuito: se mantiene en $300,000 para circuitos de hasta 30,000 electores, sube a $400,000 entre 30,000 y 50,000 electores, y llega a $500,000 en los circuitos de más de 50,000 electores.
El tribunal también objetó que la reforma permita a autoridades electas "mantener la titularidad de dos cargos simultáneamente" y que se amplíen los plazos para que funcionarios con aspiraciones a puestos de elección popular permanezcan en sus posiciones antes de postularse, una figura que ya generó controversia en otra disposición de la misma reforma, la que exime al secretario y a la subsecretaria de la Asamblea de renunciar para postularse.
"El proyecto presentado contiene significativos avances para el país; mientras que los cambios y adiciones que se hicieron en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, representan retrocesos para el sistema electoral panameño", señalaron los magistrados del Tribunal Electoral.
El comunicado, firmado por los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá, reconoce la "prerrogativa constitucional" que tiene la Asamblea Nacional para "discutir, aprobar o rechazar las leyes nacionales", pero exhorta a los diputados de "las distintas bancadas o facciones políticas" a que impere "la prudencia y el interés general sobre el particular" en la discusión de las reformas. La entidad pidió a los legisladores "pensar primero en la institucionalidad del proceso electoral y en el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas".
Vamos advierte inconsistencias en el texto
El trámite del proyecto 699 ya había generado roces antes del pronunciamiento del tribunal. Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, advirtieron de inconsistencias en el texto aprobado en comisión. La Secretaría General de la Asamblea respondió que se trató de "un error de transcripción", motivo por el cual el documento fue retirado del sitio web del Legislativo.
Las observaciones del tribunal se suman a las que había planteado Transparencia Internacional, que alertó de que la reforma electoral reduciría los controles al financiamiento político al flexibilizar los topes de donaciones privadas. El proyecto de ley 699 espera segundo debate en el pleno de la Asamblea, instancia en la que los diputados definirán si mantienen, corrigen o descartan los cambios introducidos en la Comisión de Gobierno, cuyo secretario general es Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas.