El texto parte de una constatación social: casi uno de cada dos hogares en Panamá habría tenido que reducir el número de comidas por falta de dinero. A partir de ese dato, el autor sostiene que la discusión sobre la minería no puede plantearse solo desde el ángulo ambiental o fiscal, sino también desde la urgencia de convertir una actividad de gran escala en obras que la población pueda ver y utilizar: aulas reparadas, hospitales rehabilitados y centros de salud dignos.
La propuesta, insiste, no busca regalar nada a la empresa. Plantea que, si la minería vuelve a considerarse una fuente de ingresos para el país, el Órgano Ejecutivo debe sentarse a negociar, fijar condiciones claras y exigir resultados concretos —escuelas reparadas, hospitales rehabilitados, empleos y recursos que lleguen directamente a las comunidades— en lugar de limitarse a discutir montos sin garantías de ejecución.
El artículo señala además una contradicción que considera difícil de ignorar: el mismo sistema político que premia con votos a partidos y políticos que han enfrentado acusaciones de corrupción termina exigiéndole a la empresa privada estándares de responsabilidad que el propio Estado muchas veces no cumple. Esa tensión, plantea, no exime a ninguna de las partes.
Las exigencias del texto se dirigen también a la empresa. La aceptación social, sostiene, no se construye con comunicados de prensa, sino con hechos, transparencia y obras que cambien la vida de la gente. En esa línea, atribuye a la sociedad civil, los empresarios, los gremios y los políticos la responsabilidad de exigir que cada dólar generado se traduzca en desarrollo verificable y no en otra discusión interminable.
El debate de fondo remite al conflicto por la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. En noviembre de 2023, tras semanas de protestas y bloqueos de vías, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que renovaba la concesión minera, y el Órgano Ejecutivo ordenó el cierre ordenado de la operación, que llegó a representar cerca del 5% del producto interno bruto del país. La eventual reapertura sigue sin resolverse.
El planteamiento conecta con tensiones estructurales de los servicios públicos panameños, un terreno donde la infraestructura sanitaria aparece de forma recurrente como termómetro de las urgencias sociales; esta misma sección documentó las denuncias de maltrato y jornadas extensas registradas en hospitales públicos.
El texto advierte contra lo que llama el camino fácil: bloquear, discutir, polarizar y no resolver, una dinámica que considera políticamente cómoda pero riesgosa para un país con niños estudiando en escuelas deterioradas y pacientes esperando atención. La pregunta, escribe, ya no es solamente qué hacer con la minería, sino qué hacer con las oportunidades que aún quedan antes de que sea demasiado tarde.
El artículo cierra con una advertencia sobre el calendario del quinquenio: seguir postergando decisiones, sostiene, puede ser políticamente cómodo, pero para un país con necesidades urgentes puede terminar siendo el camino directo a estrellarse en el tercer año del quinquenio.