Cirilo Castillo, director de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá, atribuyó el rezago normativo a distintos factores vinculados a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), entidad encargada de revisar, aprobar y actualizar las normas de gas licuado de petróleo (GLP). La JTIA aprobó el marco vigente mediante la Resolución 060 del 19 de octubre de 2016 y lo reformó con la Resolución 004 del 15 de febrero de 2017.
"El país necesita nuevas normas para actualizar los procesos sin reducir las exigencias de seguridad." Cirilo Castillo, director de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos
Uno de los cambios que propone Castillo apunta al esquema de certificación de instalaciones. Actualmente, cada tres años debe retirarse el gas de las tuberías para realizar una prueba de hermeticidad, un proceso que puede dejar a residentes de edificios y apartamentos semanas o incluso meses sin el servicio. La alternativa planteada permitiría realizar pruebas de fuga con el gas dentro de la tubería, a cargo de profesionales idóneos y verificadas por los Bomberos.
El otro obstáculo señalado es la capacidad operativa de la institución. Castillo informó que el Cuerpo de Bomberos cuenta con unos 132 inspectores a escala nacional, cuando estimó que se necesitarían alrededor de 600 adicionales para atender la demanda real. Las revisiones, dijo, son en su mayoría visuales y se concentran en la conexión de artefactos, el estado de las tuberías y el cierre de válvulas. "Los recursos son finitos", afirmó el funcionario.
Sion Atencio, representante del Colegio de Ingenieros Civiles ante la JTIA, señaló que el nuevo reglamento se encuentra en su fase final y podría estar listo a finales de este año. El documento incorpora recomendaciones técnicas para actualizar las reglas de instalación de gas y, de aprobarse, reemplazaría el marco vigente. Entre los cambios figura elevar los requisitos para los profesionales que inspeccionan y manipulan estos sistemas, mediante un esquema de capacitación y licencias temporales renovables.
Atencio cuestionó que el Cuerpo de Bomberos participe tanto en la certificación de quienes trabajan con instalaciones de gas como en la verificación de las inspecciones que estos mismos realizan, y planteó separar ambas funciones. Su propuesta reserva la formación y la emisión de licencias a instituciones académicas especializadas, mientras los Bomberos conservarían la verificación del cumplimiento de las normas.
"El que emite la licencia debe ser una entidad académica." Sion Atencio, representante del Colegio de Ingenieros Civiles ante la JTIA
El proyecto también sugiere incorporar pruebas de presión y de fugas como mecanismos de verificación de hermeticidad, además de controles obligatorios para la desconexión y reconexión de instalaciones durante mudanzas y remodelaciones, trabajos que quedarían en manos de personal autorizado. El PH Urbana, en 2022, marcó uno de los episodios más graves de la serie de incidentes, que continúa en 2026. La discusión sobre la seguridad del gas se suma al escrutinio reciente sobre otras condiciones de riesgo en el país, como las 78 denuncias de maltrato y jornadas de hasta 32 horas en hospitales públicos.
La JTIA está integrada por siete miembros de tres sectores: cuatro representan a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), entre ellos su presidente, que también preside la Junta y encabeza a los representantes de los colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles e Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aporta un representante y la Universidad de Panamá (UP) cuenta con dos, uno por la Facultad de Ingeniería y otro por la de Arquitectura. De ese cuerpo colegiado depende la aprobación final del reglamento que Atencio anunció para finales de este año.