La Cancillería nicaragüense remitió la notificación a la Junta Directiva del Parlacen argumentando que el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió, "en ejercicio pleno de su soberanía", denunciar el tratado constitutivo del organismo regional y de otras instancias políticas "con efecto inmediato". Managua considera resuelto el trámite con su sola comunicación, sin trámite adicional.
La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, respondió que esa lectura no se sostiene frente al tratado fundador. Precisó que el instrumento jurídico no contempla el retiro unilateral de un Estado parte y que cualquier solicitud en ese sentido debe ser evaluada y aprobada por la Cumbre de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana, no por una decisión doméstica de la cancillería de turno.
El diputado guatemalteco Carlos Barreda amplió el argumento al apuntar al diseño original del tratado como el obstáculo central para cualquier salida expedita.
"Hay complicaciones por la forma en que se hizo el tratado constitutivo, que prácticamente deja amarrados a los países al Parlamento Centroamericano", explicó el diputado guatemalteco Carlos Barreda.
Barreda citó el precedente salvadoreño para ilustrar los límites del mecanismo: "Por eso entiendo que El Salvador lo que hizo fue eliminar un artículo de su constitución para ya no elegir diputados, pero no se retira del Parlacen porque no puede", agregó el legislador. La fórmula salvadoreña, aplicada en 2025, consistió en suprimir la elección de representantes sin denunciar formalmente el tratado, una vía que deja al país sin bancada pero técnicamente adscrito al organismo.
El Parlacen está integrado actualmente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país del istmo que nunca se adhirió. Panamá intentó abandonar el organismo en 2009, con el mismo argumento de inoperancia y costo que ahora esgrime Managua, sin que la salida llegara a concretarse por las mismas trabas jurídicas que hoy señalan Gutiérrez y Barreda.
La etiqueta de "cueva de ladrones"
En Panamá, el Parlacen arrastra un desgaste reputacional de larga data. El organismo llegó a ser calificado públicamente de "cueva de ladrones" ante señalamientos de que la inmunidad otorgada a sus integrantes ha servido para bloquear procesos judiciales contra exfuncionarios y políticos investigados por corrupción. Esa controversia alimenta en el país istmeño un escepticismo persistente sobre la utilidad real del parlamento regional, pese a que Panamá mantiene su curul y su bancada en el pleno.
El Parlacen, cuyas resoluciones y dictámenes son consultivos y no vinculantes para los Estados miembros, nació como pieza del SICA, creado el 13 de diciembre de 1991 mediante el Protocolo de Tegucigalpa, un mecanismo para consolidar la paz y la democracia tras las guerras civiles que sacudieron la región en las décadas de 1970 y 1980. Junto al Parlacen, el sistema engloba al Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y los consejos de ministros regionales, una arquitectura pensada para dar a Centroamérica proyección unificada frente al resto del mundo.
Una crisis que antecede al anuncio de Managua
Gutiérrez y Barreda coinciden en que la intención de salida nicaragüense no puede leerse al margen de la crisis política e institucional que atraviesa el bloque regional desde hace años. Según Barreda, la postura del Gobierno de Ortega y Murillo responde a un aislamiento creciente tras ser cuestionado por violaciones a los derechos humanos, la suspensión de comicios y la persecución de opositores, a lo que se suman fricciones internas en el SICA por el nombramiento de representantes.
Esa lectura coincide con el diagnóstico más amplio que ambos legisladores hacen del sistema regional: llevaría años sin una secretaría ejecutiva plena y con la Corte Centroamericana de Justicia desintegrada, dos piezas que en el diseño original del Protocolo de Tegucigalpa debían sostener la coordinación política y jurídica del bloque. Esa parálisis, afirman, debilita el margen de diálogo diplomático justo cuando Nicaragua y El Salvador han puesto en cuestión la validez del Parlacen desde ángulos distintos: Managua por la vía de la denuncia expresa, San Salvador por la de vaciarlo de representación sin romper formalmente con el tratado.
El episodio nicaragüense se suma a una lista de intentos de salida que ningún país centroamericano ha logrado completar, ni Panamá en 2009 ni El Salvador en 2025, lo que según los diputados confirma que el candado jurídico del tratado pesa más que la voluntad política de cualquier Gobierno. La tensión regional coincide con un momento de fricciones diplomáticas en el continente, como el respaldo masivo a Flávio Bolsonaro en São Paulo en vísperas electorales, que recuerda la polarización que atraviesa América Latina.
Barreda cerró su valoración con una apelación al origen fundacional del proyecto centroamericano.
"Ojalá que el espíritu de los grandes integracionistas recorra nuevamente la región para insertarnos en el mundo de manera unificada, porque así somos más fuertes; pero si instituciones como el Parlacen no se reforman, no tienen futuro", concluyó el diputado guatemalteco Carlos Barreda.