El recurso pide revocar el acuerdo con el que el órgano de gobierno de los jueces decidió no abrir expediente disciplinario a Peinado por las diligencias que instruye en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otras figuras penales.
Bolaños atribuye el archivo a motivos ajenos al fondo jurídico del asunto. El ministro sostiene que la comisión disciplinaria del CGPJ actuó movida por "el conservadurismo" y "el corporativismo" de ese órgano, en referencia a la composición del Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 y que no se renovó hasta el pacto entre PP y PSOE de julio de 2024, tras más de cinco años de bloqueo.
"El conservadurismo y el corporativismo" explican el archivo de la queja contra el juez Peinado, según el recurso del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Más allá de la conducta procesal del instructor, el ministro pide que se indague sobre la difusión anticipada de determinadas resoluciones judiciales de la causa, presuntamente conocidas por medios de comunicación antes de su notificación formal a las partes. Bolaños considera que ese extremo no fue examinado con el rigor necesario en la diligencia informativa que el CGPJ decidió archivar.
La comisión disciplinaria del Consejo concluyó en su día que no existían indicios de infracción disciplinaria atribuibles al magistrado, tras analizar la queja formulada por el propio ministro. El archivo no impide, sin embargo, que la parte disconforme recurra esa decisión ante el pleno del órgano o, en última instancia, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La causa que instruye Peinado contra Begoña Gómez ha atravesado sucesivas fases desde su apertura, con diligencias de investigación, declaraciones de testigos y peritajes que han generado tensiones recurrentes entre el juzgado y las defensas. No es la primera vez que un miembro del Gobierno cuestiona a un instructor en un caso que afecta al entorno del presidente: los choques entre Ejecutivo y CGPJ marcaron toda la etapa de bloqueo del Consejo desde 2018.
El recurso de Bolaños se suma a otros procedimientos que concentran atención pública, como la instrucción sobre financiación del PSOE en la que el Tribunal de Cuentas entregó al juez un 'pendrive' con datos de donantes.
La decisión sobre si se revoca o se ratifica el archivo de la diligencia informativa corresponde ahora a los órganos internos del Consejo, que deberán pronunciarse sobre los argumentos presentados por el ministro.
