El paquete negociado por los socios de Gobierno incluye también la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, dos fórmulas que en los últimos años han servido para eludir la Ley de Vivienda de 2023 en zonas tensionadas. A ello se suma la prohibición de compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta 2028. Ambos textos se aprobaron en Consejo de Ministros con el objetivo, según el Gobierno, de "dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos".
Uno de los puntos centrales del pacto es la renovación automática de los alquileres, que quedará recogida en un segundo real decreto separado del primero. Esa división en dos textos ha generado la primera crítica pública: el Sindicato de Inquilinas ha cuestionado la decisión del Gobierno de aprobar las medidas en dos decretos distintos en lugar de tramitarlas en un único instrumento legal.
"Todos los ojos están puestos en el texto", afirmó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, en declaraciones a la prensa desde la acampada de Sol, donde reclamó fijarse en la letra pequeña de los decretos.
"Es donde siempre nos la han intentado colar", afirmó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
La desconfianza del sindicato se produce en paralelo a la persistencia de las acampadas convocadas en la Puerta del Sol y en otras capitales, donde miles de manifestantes reclaman el fin de la especulación inmobiliaria y de los desahucios. El recurso al decreto ley para legislar en materia de vivienda no es nuevo en esta legislatura: el Ejecutivo ya lo empleó para prorrogar medidas de protección a colectivos vulnerables aprobadas durante la pandemia, una vía que permite sortear los plazos parlamentarios ordinarios pero que exige convalidación posterior en el Congreso.
El fondo al que responden estos decretos es estructural. España acumula un déficit cercano al millón de viviendas, según ha estimado el Banco de España, una carencia que se atribuye tanto a la escasez de suelo como a la lentitud de la tramitación urbanística y a la presión fiscal sobre la promoción, según el análisis sobre el déficit habitacional español. El Ayuntamiento de Madrid ha defendido su propio modelo de gestión de vivienda pública, después de que el alcalde José Luis Martínez-Almeida reivindicara su enfoque tras el regreso de una inquilina conocida como Maricarmen a su vivienda, como recoge la pieza sobre el modelo de vivienda defendido por Almeida.
En ese mismo contexto, organizaciones como Faada han pedido que la nueva normativa incorpore garantías específicas para los inquilinos que conviven con animales de compañía, un colectivo que denuncia dificultades añadidas para acceder al alquiler, según la demanda trasladada al Gobierno sobre la protección a quienes conviven con mascotas.
Ambos reales decretos llegan al pleno extraordinario del Congreso este viernes, donde deberán ser convalidados por la Cámara para mantener su vigencia, un trámite que coincide con las acampadas por la vivienda todavía activas en Sol y en otras plazas del país.
