El pacto, cerrado tras más de cuatro horas de negociación mediadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), fija una renta que no superará el 30% de los ingresos netos de Maricarmen. La fórmula descarta la vía inicialmente planteada por Urbagestión, que había propuesto incorporar el inmueble al programa municipal ReViVa, rechazada por la EMVS al no cumplir el piso los requisitos legales exigidos para acogerse a ese marco.
La solución final pasa por el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS, un dispositivo que actúa entre propietarios e inquilinos y que incluye seguros gratuitos de impago y multirriesgo durante la vigencia del contrato. Según los datos aportados este martes por Almeida, 731 viviendas se han acogido ya a este marco de intermediación en Madrid.
«Siempre es bueno que haya un acuerdo», señaló Almeida, que agradeció tanto a la propiedad como a los representantes de Maricarmen su disposición a negociar. El alcalde contrapuso a continuación la gestión municipal a la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.
«Esto demuestra que hay una forma distinta a la de Pedro Sánchez de afrontar los problemas», declaró José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.
Almeida insistió en que el litigio no giraba en torno a un impago. «La cuestión controvertida de Maricarmen no es que hubiera dejado de pagar», señaló, en referencia a las circunstancias que rodearon el desahucio, ejecutado el pasado 23 de septiembre tras cuatro intentos judiciales y con la mujer trasladada en camilla por el Samur a un hospital.
El alcalde defendió que el modelo de intermediación busca conjugar la protección del inquilino con la seguridad jurídica del propietario, y animó a que más viviendas privadas salgan al mercado del alquiler con garantías. También respondió a las críticas por la intervención municipal en un conflicto entre particulares: «Intervenimos porque la propiedad lo pide. No se verán tan perjudicados cuando piden la intervención del Ayuntamiento y agradecen el acuerdo», sostuvo. El caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre la vivienda en la capital, en un país que arrastra un déficit de casi un millón de viviendas según el Banco de España.
La acampada de Sol continúa
El desahucio de Maricarmen desencadenó una movilización en defensa del derecho a la vivienda que terminó trasladándose a la Puerta del Sol, donde se instaló una acampada que el acuerdo no ha disuelto. Representantes del Sindicato de Inquilinas, presentes en la negociación, anunciaron tras conocerse el pacto que la protesta continuaría porque sus reivindicaciones van, dijeron, más allá del caso concreto de la anciana.
Almeida reclamó a la Delegación del Gobierno que ponga fin a la concentración si no se ajusta a la normativa vigente, aunque matizó que el Ayuntamiento no cuestiona el derecho de manifestación.
«La concentración de Sol debería ser levantada de inmediato por parte de la Delegación del Gobierno», exigió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
«No negaremos que cualquier persona tiene el derecho a manifestarse, pero no permitiremos que eso no se haga de acuerdo con las normas y nuestro marco de convivencia», añadió, sobre un caso que, con el nuevo contrato ya firmado, pone fin al litigio particular de Maricarmen aunque no a la protesta que generó en la capital.
