Las tres comparecencias quedaron pendientes desde el verano, cuando la oposición reclamó explicaciones sobre el operativo de seguridad desplegado en la frontera y sobre la coordinación entre los ministerios implicados. La ausencia de los tres responsables en agosto alimentó las críticas de los grupos que impulsan la comisión, que vinculan el retraso al episodio que puso a prueba los dispositivos de la Guardia Civil y de las autoridades locales de Ceuta.
El foco de la investigación se centrará en la cadena de decisiones que precedió al asalto y en si hubo descoordinación entre el Gobierno central y los mandos sobre el terreno. La comisión examinará el relato de los hechos ocurridos en el perímetro fronterizo, donde se produjo un intento masivo de entrada.
Uno de los elementos que se incorporarán al debate es el listado de llamadas telefónicas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que este entregará a la jueza instructora del caso. Ese registro apunta a siete llamadas sin respuesta realizadas antes del asalto, un dato que contradice la versión trasladada desde Moncloa sobre el seguimiento de la situación en las horas previas.
Siete llamadas sin respuesta antes del asalto
La discrepancia entre el relato oficial y el listado de llamadas se perfila como uno de los puntos centrales que los senadores plantearán a Marlaska, Albares y Robles durante sus comparecencias. La comisión tendrá así dos frentes paralelos: el parlamentario, centrado en la responsabilidad política, y el judicial, instruido por la jueza que investiga los hechos y a la que Vivas trasladará la documentación.
Una comisión de investigación del Senado se crea por mayoría de la Cámara y puede citar a comparecer a miembros del Gobierno y a cualquier ciudadano; sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales, pero sí pueden trasladarse a la Fiscalía. El control parlamentario sobre crisis fronterizas cuenta con precedentes en los perímetros de Ceuta y Melilla, sin que ninguno derivara en una reforma sustancial del protocolo de coordinación entre ministerios.
La constitución de la comisión llega en un contexto parlamentario ya tensionado por otros frentes entre el Gobierno y la oposición. A ellos se suman la discusión sobre decretos caídos en el Congreso y el choque en torno a las ayudas contra la trata, que el Ejecutivo niega haber recortado pese a las denuncias del PP. En paralelo, otros grupos han llevado a la Cámara baja propuestas sobre la gestión fronteriza en el norte de África, como la de Vox al reclamar un mando único militar-policial para Ceuta y Melilla.
Las comparecencias de Marlaska, Albares y Robles, previstas para octubre, marcarán el primer examen directo de los tres ministros ante la Cámara alta desde el asalto a la frontera ceutí.
