La norma, uno de los dos decretos de vivienda impulsados esta semana por el Ejecutivo, preveía prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler por periodos de cinco años, o de siete cuando el arrendador fuera persona jurídica. Si el propietario optaba por no renovar, debía indemnizar al inquilino con una cantidad mínima equivalente a doce mensualidades a precio de mercado, salvo en los supuestos excluidos expresamente por el texto.
El comunicador Carlos Herrera dedicó parte de su monólogo en el programa 'Herrera en COPE' a cargar contra esa disposición antes de que se votara en la Cámara baja. Calificó el decreto de «absoluto delirio» y sostuvo que endurecer las obligaciones del arrendador no resolvería la escasez de vivienda disponible, sino que podría agravarla si los propietarios optan por retirar sus pisos del mercado.
«Lo que conocemos de los decretos de alquiler es una razón para que los dueños de pisos en España —grandes, pequeños, medianos o pensionistas— salgan despavoridos», Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE'.
El locutor describió el efecto que, a su juicio, tendría la medida sobre el mercado: un «desplome de la oferta» y un «alza de los precios», dos fenómenos que, según defendió, el Ejecutivo no estaría afrontando pese a las dificultades ya existentes para acceder a una vivienda en las grandes ciudades.
Herrera también cuestionó el relato empleado por el Gobierno para explicar el origen de la crisis del alquiler, que atribuye en buena medida a la actuación de grandes tenedores y fondos de inversión. El comunicador consideró que ese discurso desvía la atención de un problema de fondo: la falta de oferta disponible.
«No les preocupa la calidad de la inversión, el desplome de la oferta, el alza de los precios ni las condiciones imposibles para acceder a un piso», Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE'.
En la misma intervención, acusó al Ejecutivo de intentar «endosar el desastre que han generado a la pérfida derecha y a los malvados fondos buitre». La controversia sobre el reparto de responsabilidades se produce en paralelo a otras medidas habitacionales del Gobierno, como las analizadas por el economista Juan Ramón Rallo sobre los decretos de vivienda, que sostiene que dejan al Estado como único comprador en determinados supuestos.
La convalidación de un decreto ley exige, según el artículo 86 de la Constitución, el respaldo del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación; de no obtenerlo, la norma decae y pierde vigencia. No es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez tropieza con ese trámite: en enero de 2024 el decreto ómnibus que incluía la revalorización de pensiones fue rechazado por la Cámara y tuvo que reformularse y votarse de nuevo semanas después para salir adelante.
El propio Herrera había anticipado el desenlace parlamentario antes de que se produjera la votación. «Tengo serias dudas de que vaya a tener apoyos en el Congreso», afirmó al repasar la posición de los distintos grupos. La predicción se cumplió: el decreto no sumó los votos suficientes y decayó, por lo que las medidas que contemplaba —incluida la indemnización de doce mensualidades— dejaron de estar en vigor con efecto inmediato.
El Gobierno deberá decidir si reformula la iniciativa y la vuelve a presentar con modificaciones que le permitan obtener los apoyos que le faltaron esta vez en la Cámara baja.
