En la clínica Ruber Internacional del norte de Madrid, José Manuel Villarejo ha sido operado con éxito de la cadera derecha en una intervención que ha durado tres horas y cuarenta minutos, veinte minutos más de lo previsto inicialmente por el equipo quirúrgico. El excomisario, de setenta y seis años, ha ingresado a las siete de la mañana escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que, por orden judicial, no se han separado de él en ningún momento. La operación, una artroplastia total de cadera con prótesis cerámica, se ha desarrollado sin complicaciones según el parte médico emitido a las 14:30 por la dirección del centro.
El postoperatorio de Villarejo tiene implicaciones que van mucho más allá de lo médico. El juez que preside el juicio del caso Kitchen ha confirmado esta mañana, mediante providencia notificada a todas las partes, que la reanudación del juicio queda fijada para el lunes 9 de junio, exactamente diecinueve días después de la intervención. El plazo es ajustado — los traumatólogos consultados señalan que la recuperación de una artroplastia total requiere un mínimo de cuatro a seis semanas para permitir la deambulación autónoma —, pero el tribunal ha decidido no conceder más tiempo para evitar que el juicio se prolongue más allá del verano.
La decisión del tribunal implica que Villarejo deberá declarar desde una silla de ruedas o con muletas, un detalle que la defensa podría explotar como elemento dramático ante el jurado. Pero hay un dato más relevante: el audio de 2014, en el que un mando policial propone regularizar la situación laboral del chófer de Luis Bárcenas como mecanismo para controlarlo, ha sido admitido formalmente como prueba pericial. La grabación, cuya autenticidad fue certificada la semana pasada por el Instituto Nacional de Toxicología, añade un eslabón nuevo a la cadena que conecta la operación Kitchen con la cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato de Fernández Díaz.
En el otro extremo del mapa judicial madrileño, la Audiencia Provincial ha dedicado la sesión vespertina a completar el estudio del recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez contra el auto del juez Peinado que insiste en enviarla a juicio con jurado popular. El magistrado relator ha terminado de redactar su ponencia y la ha circulado entre las tres secciones de la Audiencia que deben pronunciarse sobre el recurso, lo que confirma que la resolución se producirá el viernes 23 de mayo, tal y como estaba previsto.
La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, ha registrado esta tarde un escrito complementario de cuarenta y tres páginas que, según fuentes de la defensa, contiene tres documentos nuevos que desvinculan a la esposa del presidente de los contratos universitarios con las empresas de Juan Carlos Barrabés. El primero es un acta del consejo de dirección de la Universidad Complutense en la que Gómez no aparece como firmante ni como participante en la adjudicación. El segundo es un informe de auditoría interna de la UCM que califica los contratos como ajustados a la normativa de contratación. Y el tercero es una declaración jurada de un exdecano que afirma que Gómez no tuvo intervención alguna en la selección del proveedor.
La estrategia de Camacho es clara: acumular pruebas exculpatorias antes de que la Audiencia resuelva sobre el recurso para que los magistrados tengan la máxima cantidad de material sobre la mesa. Si la Audiencia estima el recurso y anula la decisión de Peinado de enviar el caso a jurado popular, la causa podría regresar al juzgado de instrucción para una nueva valoración de la prueba, lo que retrasaría el proceso varios meses. Si lo desestima, el juicio con jurado se celebraría previsiblemente en septiembre u octubre, en plena turbulencia política por el congreso federal del PSOE.
La confluencia temporal de los tres frentes judiciales — Koldo mañana, Kitchen en junio, Begoña en viernes — crea un calendario que los analistas políticos ya han bautizado como «el trimestre de los tribunales». Entre mayo y julio, el PSOE tendrá que gestionar simultáneamente la sentencia de un exministro, la reanudación del juicio a la trama que espió al tesorero del PP utilizando recursos del Estado, y la decisión sobre si la esposa del presidente será juzgada por un jurado popular. No existe precedente histórico en la democracia española de una acumulación judicial de esta magnitud contra el entorno de un gobierno en ejercicio.
A las seis de la tarde, mientras los abogados de Villarejo confirmaban que su cliente estaba consciente y había cenado un caldo de pollo en su habitación de la Ruber bajo la vigilancia de dos policías nacionales, la defensa de Begoña Gómez se preparaba para la resolución del viernes con la certeza de que, gane o pierda el recurso, la batalla judicial más compleja de la democracia reciente española está lejos de terminar. En la esquina de la plaza de la Villa de París, un operario de televisión clavaba un trípode en el asfalto para la retransmisión de mañana. En Madrid, esta noche, nadie que tenga algo que ver con la justicia o con la política dormirá tranquilo.
