El caso se destapó el 26 de junio, cuando dos hombres rumanos acudieron a la comisaría de Villaverde, en Madrid, para relatar a los agentes de la Ucrif la situación que, según sostienen, habían padecido durante los tres meses previos. Ambos explicaron que fueron captados en Rumanía por un compatriota que les ofreció trabajo como agricultores en España con habitación individual con baño, contrato legal y un sueldo de 2.000 euros mensuales, según las fuentes de la investigación. El grupo, compuesto por diez varones, viajó hasta España en autobús, un trayecto de varios miles de kilómetros costeado, según relataron, por el propio contratista, y a su llegada fue trasladado a una finca de Yunclillos y alojado en el interior de una nave agrícola.
Según el relato de las víctimas trasladado a los investigadores, los primeros días no trabajaron y recibieron 20 euros por persona para comida y aseo. Después comenzaron las jornadas de recolección de ajos, cebollas y otros cultivos, en turnos que, según denuncian, se extendían desde las cinco de la madrugada hasta las dos y media de la tarde, de lunes a sábado. A cambio, sostienen, apenas percibían 20 euros semanales, con picos de 50 euros en las mejores semanas —una cifra muy alejada del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.184 euros mensuales en catorce pagas por el Real Decreto de febrero de 2025—.
Las víctimas afirman que los presuntos responsables les retiraron la documentación con el pretexto de tramitar contratos que nunca llegaron a firmarse. Por dormir en colchones dispuestos en el suelo de la parte inferior de la nave, por la comida y por los consumos de luz y agua tenían que pagar, según su testimonio, al igual que por el uso de herramientas como tijeras hidráulicas para la recolección. A ese esquema se sumaría una deuda cuyo origen y cuantía desconocían, que iba creciendo por supuestas sanciones impuestas por cansancio o bajo rendimiento. Quienes se quejaban recibían golpes, de acuerdo con el relato trasladado a la Policía Nacional.
Uno de los denunciantes explicó que, en dos meses, únicamente recibió del contratista 200 euros para enviar a su mujer en Rumanía y otros 100 más tarde, con la advertencia de que no cobraría nada más, en palabras que atribuye al explotador, «hasta que pagues la deuda». Tres de los trabajadores lograron escapar de la nave antes de la denuncia formal.
De la fuga y la paliza al hallazgo del familiar con discapacidad auditiva
Dos de los fugados se refugiaron en casa de una conocida rumana en el distrito madrileño de Villaverde. El 23 de junio regresaron a Yunclillos junto a un tercer compatriota, con vehículo propio, con la intención de rescatar a un familiar con discapacidad auditiva que continuaba en la nave. Al llegar, según la investigación, fueron detectados por la organización y el conductor recibió una paliza que le causó fractura nasal y una herida craneal que requirió sutura, por la que fue atendido en un hospital.
Poco después, la mujer que había alojado a los fugados avisó de que el familiar sordo había conseguido escapar por su cuenta y se escondía en el pueblo. Agentes de la Ucrif se desplazaron hasta Yunclillos y lo localizaron cerca de la iglesia local. Con esos indicios, el juzgado de guardia de Illescas (Toledo) autorizó la entrada y registro en la nave, diligencia ejecutada a las cuatro de la tarde del 27 de junio con la colaboración de la Ucrif de Toledo.
Como resultado de la operación fueron detenidos un hombre y su hijo, ambos de nacionalidad rumana, señalados por la investigación como los presuntos organizadores de la red. Al tratarse de una fase inicial, los arrestados están amparados por la presunción de inocencia y no consta que hayan hecho pública su versión de los hechos, ni que se haya formulado escrito de acusación. Los delitos que se barajan en investigaciones de este tipo son los de trata de seres humanos, del artículo 177 bis del Código Penal, y contra los derechos de los trabajadores, del artículo 311, castigados con penas que pueden alcanzar los ocho años de prisión en el caso de la trata con fines de explotación.
Un patrón reiterado en las campañas agrícolas
La trata con fines de explotación laboral en el campo no es un fenómeno nuevo en España. La Fiscalía cuenta desde 2013 con una unidad especializada de coordinación contra la trata de seres humanos, y la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) contempla para las víctimas un periodo de restablecimiento y reflexión y la posibilidad de obtener autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando colaboran con la investigación. Precedentes notorios se remontan a casos como el de los temporeros hacinados en las campañas de la fresa en Huelva o del ajo en Castilla-La Mancha, un patrón vinculado a la demanda de mano de obra estacional que atrae a trabajadores en situación de vulnerabilidad.
La instrucción corresponde al juzgado de Illescas, que ya autorizó el registro. El paso siguiente habitual es la declaración de los investigados ante el juzgado, que deberá decidir sobre su situación personal —desde la libertad con cargos hasta el ingreso en prisión provisional— y sobre la continuidad de las diligencias. Entre ellas se espera la toma de declaración a la totalidad de las víctimas identificadas y la eventual ampliación de la investigación a otras personas que pudieran haber participado en la gestión de la nave o en la captación en Rumanía. Un eventual juicio se sustanciaría ante la Audiencia Provincial de Toledo.
