Korwin-Piotrowska invocó el artículo 12(4) de la Ley de 30 de noviembre de 2016, una norma que permite al juez con más años de servicio sustituir al presidente del tribunal únicamente cuando este se encuentra incapacitado para autorizar personalmente a nadie. Tras emitir la orden de suspensión por un mes, llamó a la policía para impedir el acceso de los dos cargos suspendidos a la sede del tribunal en Varsovia.
La magistrada, con tres décadas de carrera iniciada en 1995, ejerció como presidenta del Tribunal de Distrito de Kędzierzyn-Koźle entre 2003 y 2009 y como vicepresidenta del Tribunal Regional de Opole, ciudad de 130.000 habitantes a orillas del Oder, entre 2012 y 2017. De ese cargo la destituyó el entonces ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, del PiS, tras participar ella en protestas contra la reforma judicial del gobierno nacionalista, duramente criticada desde Bruselas.
El actual ministro de Justicia, Waldemar Zurek, la nombró el 17 de febrero de 2026 presidenta del comité de examen de Opole para candidatos a abogados, un puesto con una retribución en torno a los 1.600 euros mensuales. Un mes después, el 11 de marzo, su candidatura a jueza del Constitucional llegó al Sejm con el número de registro 2333, junto a las de Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda y Maciej Taborowski, todos preseleccionados por Zurek.
El Parlamento la legitimó el 9 de abril, pero Święczkowski se negó a tomarle juramento, como al resto de los nuevos candidatos, dejando la sustitución en un limbo jurídico que se prolongó hasta la maniobra de este fin de semana. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, había respaldado con sus amplios poderes la resistencia de los ocho jueces nombrados por el PiS que aún integran el tribunal, sobre el que el Ejecutivo de Tusk venía trabajando desde su llegada al poder en 2023 para desmontar la red institucional heredada.
Un colega de la magistrada la describe como «una persona muy resistente al estrés y a las presiones, extraordinariamente respetuosa con el Estado de derecho y que está dispuesta a todo», y la considera «valiente por haber aceptado asumir un papel tan complicado». Vinculada a la asociación judicial Iustitia y luego a Themis —que llegó a presidir—, núcleos de oposición a las reformas de Ziobro, su trayectoria la sitúa como activista dentro de la magistratura. En una entrevista con el diario Rzeczpospolita, el 5 de mayo de 2025, defendió que los jueces debían abandonar su «torre de marfil».
«Nunca he pertenecido a ningún partido político. Llevo 30 años ejerciendo la profesión de juez y puedo asegurarles que, como juez, presidenta de un tribunal y en mi actividad pública, siempre he luchado por la independencia del poder judicial», declaró Anna Korwin-Piotrowska tras la suspensión de Święczkowski y Sochański.
Desde el PiS se le atribuye «parcialidad» en el ejercicio del cargo. El choque recuerda la deriva de politización que arrastra el Tribunal Constitucional polaco desde la reforma judicial del PiS iniciada en 2015, el conflicto que enfrentó durante años a Varsovia con la Comisión Europea por el respeto al Estado de derecho y que llegó a congelar fondos comunitarios.
Święczkowski se presenta cada mañana
Święczkowski, que se sigue considerando presidente legítimo del tribunal, acudió este domingo a las puertas de la sede y anunció que repetirá la visita cada mañana, exigiendo el cese de los agentes que le impiden la entrada. El general Marek Boron, comandante en jefe de la Policía, ha publicado una carta a sus oficiales asegurando que actúan en pleno cumplimiento de la ley.
Un portavoz de la Comisión Europea mostró su respaldo a Korwin-Piotrowska desde Bruselas, y el Tribunal Supremo polaco reunirá a sus jueces en asamblea este martes para fijar una posición sobre la crisis. La batalla por el control de las instituciones no es nueva: la Audiencia de Madrid condenó a elDiario.es a rectificar sobre el Pazo de Meirás ilustra cómo los tribunales se convierten en terreno de disputa política también en otros países. Según el ministro Zurek, el Constitucional retomará las audiencias bajo la presidencia de la magistrada «en las próximas semanas», a la espera de una reforma definitiva del órgano.