El contrato describe una herramienta capaz de introducir software en los dispositivos objetivo para acceder a sus contenidos y comunicaciones sin necesidad de incautarlos físicamente. El propósito recogido en la documentación es que los investigadores consulten la información almacenada en los teléfonos sin que sus propietarios sean necesariamente conscientes del acceso, una categoría de intrusión remota empleada ya por otros cuerpos de seguridad europeos en investigaciones de alta complejidad.
La documentación pública no detalla el funcionamiento técnico del producto ni aclara si requiere acceso físico previo al dispositivo para instalarse. Tampoco identifica al fabricante original ni las características técnicas concretas de lo adquirido. Fortier Europe contaba con derechos exclusivos de suministro y distribución del producto, circunstancia que, según el expediente, justificó prescindir de concurrencia competitiva en la adjudicación.
El procedimiento negociado sin publicidad es una fórmula de contratación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para supuestos excepcionales, entre ellos cuando existe un proveedor único con derechos exclusivos sobre un producto. En este caso, la presentación de una sola oferta refuerza esa justificación, aunque impide comparar precios o condiciones con otros proveedores del mercado de ciberinteligencia.
Este tipo de adquisiciones tecnológicas por los cuerpos policiales no es nuevo en España ni en el entorno europeo, donde fuerzas de seguridad han incorporado progresivamente sistemas de intrusión remota para investigaciones de terrorismo, crimen organizado o delitos contra menores. La Ley de Enjuiciamiento Criminal reguló de forma expresa el registro remoto de equipos informáticos en la reforma procesal de 2015, que delimitó las condiciones de esta diligencia de investigación tecnológica.
El control judicial como límite legal
La posesión de este sistema no implica un acceso libre a cualquier teléfono. En España, los registros remotos de dispositivos electrónicos están sujetos a autorización judicial previa y a los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según la documentación, el uso de la herramienta se circunscribe a investigaciones relacionadas con delitos específicos previstos legalmente, como el terrorismo, el crimen organizado, los delitos contra menores o los delitos informáticos.
Será la autorización judicial la que delimite en cada caso el alcance de la intervención y las condiciones de acceso a los datos, de forma análoga a otras diligencias de investigación tecnológica ya reguladas, como la intervención de comunicaciones o la instalación de dispositivos de seguimiento. El tratamiento de la prueba electrónica ha ganado peso en causas de calado ante los tribunales españoles, entre ellas la que condujo a la confirmación de las condenas por el crimen del concejal Javier Ardines en Llanes.
La adjudicación a Fortier Europe, formalizada el 26 de marzo de 2026 por más de 2,5 millones de euros con IVA, queda como el dato cierto de una operación cuyos detalles técnicos y la identidad del fabricante original permanecen fuera del expediente público.