La Policía de Varsovia confirmó que sus agentes realizaban «actuaciones estatutarias» en el recinto del tribunal, aunque insistió en que no habían llegado a entrar en el edificio. La intervención se produjo después de que la juez Anna Korwin-Piotrowska presentara una denuncia en la que alertaba de posibles amenazas a la vida o la salud de jueces y trabajadores, así como de riesgo de alteraciones del orden público, según informó la Gazeta Wyborcza.
Frente a la sede se registraron incidentes durante las protestas convocadas en la zona, con lanzamiento de objetos contra los agentes recogido en vídeos difundidos por ciudadanos en redes sociales. Tres personas fueron detenidas, según medios locales, por saltar la valla perimetral e introducirse en los terrenos del tribunal.
En la página web oficial del Tribunal Constitucional apareció un comunicado que anunciaba la suspensión temporal de Święczkowski y Sochański, con el traspaso de las funciones de dirección a la juez Korwin-Piotrowska. El propio tribunal reaccionó a través de sus redes sociales para denunciar que su web había sufrido una «toma ilegal» y sostuvo que cualquier actuación contra la institución constituye un delito de golpe de Estado. Según esta versión, Święczkowski y Sochański continúan en sus cargos.
«Cualquier actuación contra la institución constituye un delito de golpe de Estado», sostuvo el Tribunal Constitucional de Polonia en un comunicado difundido en sus redes sociales tras denunciar la toma ilegal de su página web.
El choque se enmarca en el enfrentamiento abierto entre el Gobierno proeuropeo del primer ministro Donald Tusk y la cúpula del Tribunal Constitucional, heredada del anterior Ejecutivo conservador liderado por el PiS. El detonante inmediato ha sido la decisión judicial de suspender a los líderes del tribunal, que ha desatado acusaciones cruzadas de intento de golpe de Estado entre las partes.
El pulso por el control del Tribunal Constitucional arrastra a Polonia desde 2015, cuando el Gobierno del PiS modificó la composición y el funcionamiento del órgano y provocó un largo litigio con la Comisión Europea sobre el Estado de derecho que derivó en la retención de fondos comunitarios. La llegada al poder de Tusk a finales de 2023 reabrió la disputa sobre la legitimidad de los nombramientos realizados por el anterior Ejecutivo.
«En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo el vuelo a Senegal. Vuelvo», escribió Karol Nawrocki, presidente de Polonia, en sus redes sociales.
El líder opositor del PiS, Jarosław Kaczyński, calificó lo ocurrido de «ataque al Tribunal Constitucional» y denunció lo que considera un intento de toma por la fuerza de la institución por parte de los servicios del Gobierno de Tusk. Sus declaraciones profundizan la brecha entre el oficialismo y la oposición conservadora en torno al control del máximo órgano de garantías del país.
La jornada en Varsovia deja un tribunal con dos direcciones que se reclaman legítimas, una denuncia judicial que motivó el despliegue policial y un presidente de la República que interrumpió su agenda internacional para regresar al país.