El mecanismo no implica una donación directa de Washington, sino una venta a terceros países aliados que después transfieren el material a Ucrania, una fórmula ya empleada en paquetes anteriores para sortear las reticencias de la Casa Blanca a comprometer fondos públicos estadounidenses de forma directa. Canadá, Alemania y Noruega asumen conjuntamente el coste de los 2.100 millones de dólares, a razón de unos 4,2 millones por cada uno de los 500 interceptores.
El sistema Patriot, fabricado por la estadounidense Raytheon, es considerado la defensa antiaérea de referencia frente a misiles balísticos de corto y medio alcance, una amenaza que Rusia ha intensificado sobre infraestructuras energéticas y centros urbanos ucranianos. La escasez de baterías e interceptores ha sido una queja constante de Kiev ante sus socios occidentales desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.
El desbloqueo llega en un momento de tensión entre Washington y Kiev, después de que Ucrania se quedara sin existencias suficientes de misiles Patriot y quedara más expuesta a los ataques balísticos rusos en plena fricción con la Administración Trump por el ritmo y las condiciones de la ayuda militar estadounidense. Trump ha condicionado en distintos momentos la asistencia a Kiev a avances en las negociaciones de paz con Moscú, lo que ha alimentado la incertidumbre entre los aliados europeos sobre la continuidad del apoyo.
La implicación de Canadá, Alemania y Noruega se enmarca en el esfuerzo de los países de la OTAN por sostener el flujo de armamento a Ucrania sin depender exclusivamente de las decisiones directas de la Casa Blanca. Alemania ha sido uno de los principales proveedores europeos de sistemas de defensa aérea desde el inicio del conflicto, con la cesión de varias baterías Patriot a Kiev, mientras que Noruega y Canadá han reforzado su contribución económica a la coalición de apoyo militar.
La fórmula de vender a aliados que luego retransfieren el material tiene precedentes en la propia guerra: en julio de 2025 la OTAN articuló un esquema por el que los socios europeos compraban armamento estadounidense para entregarlo a Ucrania, un modelo que permitió mantener el suministro pese a las dudas de Washington sobre la financiación directa con cargo al contribuyente estadounidense.
La operación se produce en vísperas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, que mantienen pendientes de su resultado las relaciones trasatlánticas y, con ellas, el rumbo de la política exterior de Washington hacia Kiev y la OTAN.