El ataque se produjo cuando una patrulla militar recorría de noche uno de los tramos del perímetro que separa Ceuta de Marruecos, una zona con presencia reforzada de efectivos por la reiteración de intentos de entrada. Según las fuentes citadas, el grupo lanzó piedras contra los militares, uno de los cuales, un sargento, sufrió heridas cuya gravedad no ha sido precisada.
La Policía Nacional, que mantiene la competencia sobre seguridad ciudadana y control migratorio en la ciudad autónoma, detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas en la agresión. Por el momento no se ha trasladado información oficial sobre los delitos que se les podrían imputar ni sobre el juzgado de instrucción competente para la causa.
El episodio se suma a otro similar registrado apenas 48 horas antes, también con agresiones a militares en labores de vigilancia y que concluyó igualmente con detenciones. La sucesión de ambos incidentes ha reavivado el malestar entre los mandos militares desplegados en Ceuta, uno de los cuales, según las fuentes castrenses citadas, describió la situación con la frase: "La ciudad es un polvorín".
Un despliegue militar sin competencias policiales plenas
El despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla se enmarca en operaciones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contempladas en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que prevé la colaboración de los ejércitos con la seguridad pública en circunstancias excepcionales. Los militares desplegados en la valla no ostentan, sin embargo, competencias policiales plenas ni portan armamento de control de multitudes, lo que ha generado críticas sobre los límites de su actuación ante agresiones directas.
Fuentes militares consultadas en informaciones previas sobre la situación han denunciado que emplear a tropas sin equipamiento antidisturbios en tareas asimilables a las de un servicio de seguridad resulta, en sus palabras, "humillante", y las deja en una posición de vulnerabilidad frente a agresiones como la registrada esta semana. El Ministerio de Defensa no ha efectuado, hasta el momento, declaraciones públicas sobre el incidente ni sobre las condiciones de seguridad del personal desplegado. El Ministerio del Interior tampoco ha anunciado cambios en el dispositivo ni en las reglas de intervención vigentes.
La presión migratoria sobre Ceuta no es un fenómeno nuevo. La ciudad autónoma, con una frontera terrestre de apenas ocho kilómetros con Marruecos, ha sido escenario de sucesivos episodios de entradas desde la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en pocos días tras una relajación temporal de los controles marroquíes, según los datos facilitados entonces por el Ministerio del Interior. Desde aquel episodio, España reforzó el doble vallado y los sistemas de vigilancia electrónica del perímetro.
Aquella crisis derivó en una ruptura diplomática entre Madrid y Rabat que no se normalizó hasta abril de 2022. Desde entonces, ambos países mantienen mecanismos de coordinación policial para la gestión de los flujos migratorios irregulares, aunque episodios como los de esta semana evidencian las tensiones que persisten sobre el terreno pese a los acuerdos institucionales.
Las cuatro personas detenidas por los hechos deberán pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas desde su detención, conforme al artículo 17.2 de la Constitución, límite que rige para cualquier privación de libertad practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Corresponderá al juzgado de instrucción de guardia de Ceuta determinar si existen indicios suficientes para su imputación y qué medida cautelar, en su caso, se adopta respecto a cada uno.
Entre los delitos que podrían plantearse figuran el de atentado contra agente de la autoridad —extensible a personal militar en funciones de colaboración con la seguridad pública— y lesiones, tipificados respectivamente en los artículos 550 y 147 y siguientes del Código Penal. La calificación definitiva dependerá de la instrucción y de si se acredita la intencionalidad y la gravedad de las heridas causadas al sargento.
Mientras no exista resolución judicial firme, los cuatro detenidos mantienen la condición de investigados y, por tanto, la presunción de inocencia que ampara a cualquier persona en un procedimiento penal en curso, con independencia de las medidas de aseguramiento que pudieran acordarse.
En los próximos días se conocerá si el juzgado de instrucción de Ceuta acuerda alguna medida cautelar sobre los cuatro detenidos y si abre una causa formal por los hechos, además de si la investigación permite esclarecer si ambos ataques registrados en 48 horas están relacionados entre sí o constituyen episodios independientes vinculados a la presión migratoria sobre el perímetro fronterizo.
