El origen del litigio se remonta a la declaración del IRPF del ejercicio 2017, cuando la Agencia Tributaria detectó el ingreso en efectivo y lo calificó como ganancia patrimonial no justificada, la figura recogida en el artículo 39 de la Ley del IRPF que se aplica cuando el contribuyente no logra acreditar el origen de bienes o derechos que no se corresponden con la renta o el patrimonio declarados. Esa calificación obliga a tributar el importe como renta del ejercicio en que aflora, lo que elevó la cuota hasta los 101.102,53 euros.
El jubilado, perceptor de una pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de otra pensión pública abonada por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sostuvo que el dinero no procedía de ingresos ocultos, sino de operaciones patrimoniales antiguas cuyo rastro documental se había ido desperdigando con los años. Explicó que, por desconfianza hacia el sistema bancario, prefería guardar el efectivo en casa antes que depositarlo en una entidad.
Entre la documentación aportada figuraba la venta de una finca de naranjos en 2003, por la que habría percibido 66.111,33 euros; la venta de valores en 2004, por 34.692,22 euros; el reembolso de un fondo de inversión suscrito en 1997, por 30.629 euros; y varios reintegros de cuentas propias y de sus padres realizados entre 2001 y 2010. Parte de esos movimientos estaban todavía expresados en pesetas y, en algunos, no quedaba identificado quién había efectuado la retirada de fondos.
El pensionista relató que decidió ingresar el efectivo acumulado en 2017 porque su hija necesitaba disponer de esa cantidad para pagar una compra inmobiliaria vinculada a un procedimiento judicial en curso. Fue ese ingreso, por su cuantía y su carácter repentino, el que activó la revisión de la Agencia Tributaria sobre el origen de los fondos, al considerar Hacienda que no guardaba relación con las rentas ni con la capacidad de ahorro declaradas.
El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia, en la vía administrativa previa a la judicial, ya había avalado tanto la liquidación como la sanción, al entender que el contribuyente no había demostrado de forma fehaciente que el dinero ingresado en 2017 procediera de aquellas operaciones realizadas años, e incluso décadas, atrás.
La valoración de la prueba y la anulación de la multa
La sala del TSJ valenciano comparte el criterio de la Administración en el fondo: los documentos aportados, pese a acreditar la existencia de ciertas operaciones patrimoniales en el pasado, no permiten establecer una conexión clara y verificable entre esos ingresos históricos y el efectivo depositado en 2017. La dispersión temporal de las operaciones, la falta de trazabilidad de algunos reintegros y la ausencia de constancia sobre quién retiró determinadas cantidades pesaron en esa conclusión. En este tipo de procedimientos, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, que debe acreditar el origen lícito del dinero y su correspondencia con rentas ya declaradas o fiscalmente irrelevantes por prescripción.
Distinto ha sido el resultado en cuanto a la sanción de 68.532,42 euros. El tribunal la anula al considerar que la Administración no acreditó el grado mínimo de culpabilidad exigido por la Ley General Tributaria para castigar. La sala subraya que la controversia tenía una naturaleza esencialmente probatoria —ligada a la dificultad de documentar operaciones de hace más de veinte años— y que de ella no cabe inferir automáticamente una conducta reprochable.
Ese razonamiento se apoya en un principio consolidado en la jurisprudencia contencioso-administrativa: la mera regularización de una liquidación no lleva aparejada de forma automática una sanción. Para castigar, la Administración debe motivar específicamente la culpabilidad del contribuyente y no puede limitarse a constatar que no se probó el origen de los fondos. El Tribunal Supremo ha reiterado este criterio en numerosas resoluciones, especialmente cuando la falta de prueba responde a dificultades objetivas —documentación antigua u operaciones en pesetas— y no a una voluntad de defraudar.
La sentencia estima así parcialmente el recurso: confirma la liquidación de 101.102,53 euros del IRPF de 2017, elimina íntegramente la multa y no impone las costas a ninguna de las partes, decisión habitual en las estimaciones parciales en las que ambos litigantes obtienen un resultado favorable en parte.
El caso ilustra una situación no infrecuente entre contribuyentes de edad avanzada que, por desconfianza hacia el sistema financiero, mantienen ahorros en efectivo fuera de los circuitos bancarios durante largos periodos. Cuando esos fondos afloran —por un ingreso, una compra relevante o una donación—, la Agencia Tributaria puede activar el mecanismo de la ganancia patrimonial no justificada, una figura que en España convive con episodios recientes de tensión sobre el efectivo, como la reducción del límite legal de pagos en metálico entre particulares y empresas, fijado en 1.000 euros por la ley antifraude de 2021.
La sentencia 674/2025 no es firme de forma inmediata: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, vía reservada a asuntos con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, circunstancia que no suele concurrir en litigios individuales fundados en la valoración de pruebas concretas. De no prosperar esa vía, el jubilado deberá afrontar el pago de la liquidación confirmada, mientras la sanción inicial queda definitivamente sin efecto.
