La causa, abierta por la Guardia Civil tras conocerse la grabación, se encuentra en fase de investigación. Ningún juzgado de menores ha formulado todavía escrito de alegaciones ni existe, según la información disponible, una calificación jurídica definitiva de los hechos, que deberán ser analizados por la Fiscalía de Menores antes de que se determine si procede la apertura de expediente contra alguna de las adolescentes implicadas.
El vídeo muestra una secuencia que se habría iniciado como una discusión verbal y que terminó, según las imágenes, en una agresión física prolongada. En un primer momento, una de las menores encara a la víctima y le propina una bofetada mientras profiere amenazas. Segundos después, otra adolescente —identificada en la grabación por vestir una prenda azul— comienza a golpearla con puñetazos y patadas hasta derribarla, y continúa el ataque en el suelo tirándole del cabello y golpeándola en el rostro. La grabación recoge también la intervención de una tercera adolescente, que habría propinado una patada a la víctima en la zona costal.
Entre los gritos que se escuchan en el vídeo figura una frase que vincula la agresión a un episodio sentimental previo. «Como vuelvas a follarte a mi ex novio te mato», grita una de las jóvenes, según se aprecia en la grabación. Esa expresión ha llevado a los investigadores a situar el origen del conflicto en una disputa por un antiguo novio, aunque la instrucción deberá confirmar si existieron otros detonantes, como la supuesta difusión de mensajes o rumores entre menores del municipio. Serán los agentes quienes deban contrastar las distintas versiones de las personas implicadas.
En las imágenes aparece además un chico, amigo de las adolescentes, que en un momento del ataque se coloca entre las agresoras y la víctima con un gesto que podría interpretarse como un intento de mediación, aunque la grabación no muestra que llegara a frenar la agresión de forma efectiva. Los investigadores deberán esclarecer su papel, sin que ello implique necesariamente la apertura de expediente en su contra.
Un procedimiento con garantías específicas para menores
La Fiscalía de Menores, que recibió el vídeo junto con el resto de diligencias, es el órgano competente para valorar si los hechos son constitutivos de delito y, en su caso, para decidir sobre la incoación de expediente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores. Esta norma, vigente desde 2001 y reformada en 2006 y 2015 para endurecer la respuesta ante los delitos más graves, prioriza las medidas educativas y de reinserción sobre las penas privativas de libertad ordinarias para menores de entre 14 y 18 años, aunque contempla el internamiento en centros específicos para los casos de mayor gravedad. Por debajo de los 14 años no existe responsabilidad penal, y la intervención corresponde a los servicios de protección de menores.
El procedimiento en la jurisdicción de menores exige la intervención de un equipo técnico que evalúe las circunstancias personales, familiares y sociales de cada implicada antes de que se adopte cualquier medida, así como la reserva de las actuaciones, la asistencia obligatoria de letrado y la prioridad del interés superior del menor, tanto de las personas investigadas como de la víctima. La Guardia Civil deberá determinar la identidad y el grado de participación concreto de cada una de las jóvenes que aparecen en la grabación, y podrá recabar declaraciones de testigos y de las implicadas.
El reconocimiento médico y el parte de lesiones —documentos que suelen incorporarse a este tipo de diligencias— serán determinantes para calificar jurídicamente los hechos, que podrían constituir un delito de lesiones o, en función de la reiteración de los golpes y la actuación conjunta, una agresión con circunstancias agravantes. El análisis del vídeo permitirá reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del ataque, y establecer si hubo otras personas presentes que pudieran aportar información.
Las agresiones entre menores grabadas y difundidas por redes sociales no son un fenómeno inédito en España. La Fiscalía General del Estado ha advertido en sus memorias anuales del peso creciente de los expedientes vinculados a la violencia entre iguales y al uso de dispositivos móviles para grabar y compartir estos episodios, una tendencia que ha llevado a las administraciones educativas a reforzar los programas de mediación escolar y de prevención del acoso. En Baleares, como en el resto de comunidades, la escolarización obligatoria y los protocolos autonómicos de convivencia enmarcan la respuesta institucional a este tipo de conflictos.
La instrucción continúa abierta y no se ha fijado, según la información disponible, un plazo para su conclusión. Corresponderá a la Fiscalía de Menores decidir en las próximas semanas si formula alegaciones y solicita la apertura de expediente contra alguna de las adolescentes identificadas, así como si procede adoptar medidas cautelares mientras se completa la investigación. Ninguna de estas decisiones implica una declaración de culpabilidad antes de que concluya el procedimiento, en el que todas las menores implicadas mantienen la presunción de inocencia.
