El fallecimiento se suma a una crisis que se prolonga desde finales de julio y que ha puesto en tensión tanto a las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera como a las instituciones judiciales y administrativas implicadas en la gestión de menores extranjeros no acompañados. La Guardia Civil, que mantiene un operativo reforzado tras la entrada masiva del 30 de julio, investiga las circunstancias de la muerte del joven, sin que por el momento se haya determinado si actuó en solitario o si existió algún tipo de organización previa que facilitara el intento de acceso mediante parapente, una vía inédita hasta ahora en los intentos de entrada a la ciudad.
La investigación del suceso corresponde en primera instancia al juzgado de instrucción de Ceuta competente por razón del territorio, que deberá esclarecer si hubo terceras personas implicadas en la organización del cruce, lo que podría derivar en la apertura de un procedimiento por un presunto delito de tráfico de personas o de ayuda a la inmigración irregular, tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal. Mientras no se determinen responsables identificados, no cabe hablar de investigados ni de imputaciones concretas más allá de las diligencias de averiguación de las causas del fallecimiento.
Menores sin identificar a las puertas de la comisaría
En paralelo, decenas de menores que entraron de forma irregular en la ciudad el pasado 30 de julio se acumulaban desde primera hora de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para ser identificados. Según fuentes policiales, la mayoría no había podido ser registrada porque no acudió a los centros de acogida habilitados y permanece deambulando por distintos puntos de la ciudad, lo que afecta directamente al sistema de protección previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y en el Reglamento de Extranjería.
La identificación es un paso imprescindible antes de determinar la situación jurídica de cada menor: si se confirma su minoría de edad mediante los protocolos correspondientes —que incluyen, en caso de duda documental, pruebas médicas de determinación de la edad—, quedan bajo la tutela de la Administración autonómica o estatal según el reparto competencial vigente, lo que excluye por ley cualquier expulsión inmediata salvo mediante los cauces de reagrupación familiar o retorno asistido previstos en los convenios bilaterales con Marruecos. El elevado número de afectados y la dificultad para tramitar los expedientes en plazo han reabierto el debate sobre las devoluciones y la cooperación entre ambos países.
El pulso político por las comparecencias
El Gobierno anunció este viernes que registrará en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones parlamentarias, previsiblemente en la última semana de agosto. El Partido Popular reclama, en cambio, que esas comparecencias se adelanten a la próxima semana y se celebren también en el Senado, cámara donde dispone de mayoría absoluta, para exigir explicaciones inmediatas sobre la gestión de la crisis.
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, denunció que el Gobierno español no haya solicitado más medios a la Unión Europea para afrontar la situación, en referencia a la intervención del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, donde se abordó la crisis en Ceuta. La cooperación fronteriza cuenta con los mecanismos ordinarios de Frontex, la agencia europea de fronteras.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, expresó este jueves su «confianza absoluta» en que las Fuerzas de Seguridad del Estado, que investigan una convocatoria difundida en redes sociales para un nuevo intento de entrada masiva el próximo 15 de agosto, logren frenar ese posible asalto a la frontera. El dispositivo se mantiene reforzado con efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y unidades del Ejército de Tierra desplegadas en el perímetro fronterizo con Marruecos.
Vox, a través de su portavoz nacional José Antonio Fúster, criticó lo que calificó de «lloriqueo permanente» del presidente ceutí en relación con la gestión de los menores migrantes, reclamó la dimisión de Vivas y pidió la devolución de los menores a Marruecos. Una medida de ese tipo, aplicada sin las garantías del procedimiento de repatriación asistida previsto en los tratados bilaterales, podría chocar con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre expulsiones colectivas, que exige un examen individualizado de cada caso.
La ciudad autónoma ya vivió un episodio de entrada masiva de gran magnitud en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación temporal de los controles marroquíes, en el marco de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid vinculada al conflicto del Sáhara Occidental. Aquel episodio derivó en devoluciones inmediatas cuestionadas por organismos de derechos humanos y en un desencuentro diplomático que tardó meses en reconducirse mediante la normalización de relaciones anunciada en marzo de 2022.
El marco jurídico que regula las devoluciones entre España y Marruecos se sustenta en el Acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado por ambos países en 1992, cuya aplicación práctica ha sido objeto de controversia constante por la exigencia de garantías procesales individualizadas que imponen tanto el derecho español como el europeo.
Las diligencias abiertas por el fallecimiento del joven en parapente se suman así a un escenario judicial y administrativo tensionado por los expedientes de identificación de menores y por las causas que distintos juzgados investigan sobre presuntas redes de tráfico de personas que operan en la orilla marroquí del Estrecho. Las próximas semanas estarán marcadas por dos hitos: el intento de entrada convocado para el 15 de agosto, cuya vigilancia ocupa a las fuerzas de seguridad, y el calendario de comparecencias ministeriales, cuya fecha exacta depende ahora de la negociación entre el Gobierno y la oposición en ambas cámaras.
