El juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha citado a Iñaki Torres, exsecretario de Estado de Universidades, como testigo el próximo 14 de mayo en el marco de la pieza separada que investiga un presunto tráfico de influencias relacionado con la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió en la Universidad Complutense de Madrid. En paralelo, la Fiscalía Europea —organismo independiente con sede en Luxemburgo y competencia para perseguir fraudes contra los fondos comunitarios— ha extendido su investigación a tres contratos adicionales suscritos por la empresa Barrabés con financiación procedente del programa Next Generation EU, por un importe conjunto superior a los quince millones de euros, en un movimiento que el Ejecutivo no había anticipado. A ello se añade una variable procesal de naturaleza médica: el excomisario José Manuel Villarejo ha salido del quirófano del Hospital de Guadalajara tras una intervención de cuatro horas, y su cirujano ha fijado un pronóstico de recuperación de tres semanas que amenaza con alterar el calendario de la fase documental del caso Kitchen, igualmente prevista para el 14 de mayo.
Torres en el banquillo de los testigos
La citación de Iñaki Torres como testigo —y no como investigado— determina el marco procesal en que deberá comparecer: estará obligado a decir verdad, bajo pena de incurrir en delito de falso testimonio tipificado en el Código Penal, pero conserva el derecho a no declarar contra sí mismo si sus respuestas pudieran comprometerse penalmente. Torres ocupó la Secretaría de Estado de Universidades durante parte del periodo en que se constituyó y desarrolló la cátedra extraordinaria de la Complutense. El juez Peinado investiga si existió alguna forma de presión o intermediación impropia para favorecer la creación o el funcionamiento de dicha cátedra, así como los vínculos contractuales que Barrabés —empresa con la que Torres mantuvo relación profesional— pudo tejer con instituciones públicas.
La cátedra, el nudo del caso
Las cátedras extraordinarias son figuras jurídicas previstas en la legislación universitaria española que permiten a entidades privadas financiar actividades académicas en universidades públicas mediante convenios sujetos a la normativa de contratos del sector público. Su existencia no es irregular per se, pero el juzgado examina si en este caso concreto la vinculación entre los responsables académicos, los financiadores privados y el entorno del Gobierno generó una influencia indebida sobre decisiones administrativas. Ese es el núcleo del reproche penal que sustenta la pieza separada de tráfico de influencias.
La Fiscalía Europea amplía el radio
La extensión de la investigación de la Fiscalía Europea a tres contratos adicionales de Barrabés —financiados con fondos Next Generation EU por más de quince millones de euros en total— eleva significativamente la dimensión del expediente comunitario. El programa Next Generation EU fue aprobado por el Consejo Europeo en 2020 para financiar la recuperación económica tras la pandemia, con un mecanismo de control que obliga a los Estados miembros a garantizar la regularidad del gasto y habilita a la Fiscalía Europea para investigar cualquier uso fraudulento de esos recursos. Que el organismo haya decidido ampliar el perímetro de su pesquisa —más allá de los contratos ya conocidos— indica que sus investigadores han identificado indicios suficientes en nuevas operaciones para abrir diligencias formales, un umbral jurídico que no se supera de manera automática.
Por qué importa la ampliación
La trascendencia política y judicial de este movimiento radica en su autonomía respecto de la causa que instruye el juez Peinado. La Fiscalía Europea actúa con independencia de las jurisdicciones nacionales y puede remitir sus conclusiones directamente a los tribunales del Estado miembro afectado o, en determinados supuestos, coordinar actuaciones transnacionales. El Gobierno español, según el material disponible, no había previsto esta extensión, lo que sugiere que la investigación comunitaria ha seguido un curso propio sin que el Ejecutivo dispusiera de información anticipada a través de los canales habituales de comunicación institucional.
Villarejo y el efecto dominó sobre Kitchen
El tercer frente abierto en la jornada es de naturaleza estrictamente procesal y sanitaria. José Manuel Villarejo, excomisario de la Policía Nacional y figura central del caso Kitchen —que investiga el presunto uso de recursos policiales para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas—, fue sometido a una intervención quirúrgica de cuatro horas en el Hospital de Guadalajara. Su cirujano ha establecido un pronóstico de recuperación de tres semanas. Si ese plazo se cumple, Villarejo no estaría en condiciones de participar en la fase documental prevista para el 14 de mayo, fecha que coincide con la citación de Torres en el caso Begoña Gómez y que convierte esa jornada en un nodo procesal de primer orden.
La lógica de los aplazamientos judiciales
En el ordenamiento procesal español, la imposibilidad médica acreditada de una parte o de un acusado constituye causa legítima de suspensión de actuaciones judiciales. La decisión final sobre si aplazar la fase documental de Kitchen corresponde al tribunal competente, que deberá ponderar el estado de salud de Villarejo, los derechos de defensa del resto de acusados y el principio de celeridad procesal. El caso Kitchen acumula ya una dilatada historia judicial: arrancó a partir de investigaciones periodísticas y diligencias policiales que se remontan a la anterior década, y ha atravesado sucesivas fases de instrucción que han implicado a mandos policiales, responsables del Ministerio del Interior y al propio Villarejo como presunto ejecutor de las operaciones encubiertas.
Un 14 de mayo con tres causas abiertas
La confluencia de estas tres líneas —la declaración de Torres, la ampliación europea sobre Barrabés y la incertidumbre médica de Villarejo— convierte el 14 de mayo en una fecha de alta densidad judicial que afecta simultáneamente al entorno del Ejecutivo central, a la gestión de los fondos comunitarios y a una de las causas de corrupción policial más complejas de la democracia española reciente. En los próximos días, los órganos judiciales implicados deberán resolver si mantienen o suspenden las actuaciones previstas, mientras la Fiscalía Europea continúa su propio calendario, ajeno a los tiempos de la jurisdicción nacional.
