El aviso llegó a la Policía Nacional durante la madrugada del martes por una posible amenaza con arma de fuego en una vivienda de las afueras de Manacor. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde las víctimas relataron a los agentes que un grupo de aproximadamente diez jóvenes se había presentado en la casa para exigirles el pago de una deuda pendiente.
Según el relato trasladado a los investigadores, la situación se tensó hasta que uno de los presuntos autores comenzó a proferir amenazas de muerte mientras portaba, supuestamente, una pistola. Los ocupantes del inmueble, ante el temor de sufrir una agresión, huyeron corriendo y permanecieron escondidos entre unos matorrales de la zona mientras los agentes establecían batidas y controles en los principales puntos de entrada y salida del municipio para localizar a los presuntos agresores.
Cuando los policías regresaron junto a las víctimas hasta la vivienda para comprobar su estado, se toparon con una escena de mayor gravedad: del interior de la casa salían ya humo y llamas. Efectivos de Bomberos y de la Policía Local trabajaban en ese momento para sofocar el fuego, que había prendido con fuerza en distintos puntos del inmueble.
Mientras se desarrollaba el operativo de extinción, una de las víctimas recibió una llamada telefónica que, según la investigación policial, procedía de uno de los presuntos autores de las amenazas iniciales. En esa conversación, el sospechoso habría exigido a las víctimas que acudieran a un punto concreto del municipio para saldar la deuda, al tiempo que continuaba con las amenazas.
Según trasladó la Policía Nacional, durante la llamada el interlocutor llegó a decir: «Muertos de hambre, os vamos a matar, ya os hemos dejado sin casa…». La frase, recogida en el marco de la investigación, resulta un elemento relevante para acreditar la relación entre el episodio de amenazas y el posterior incendio.
Los trabajos posteriores de la Policía Judicial y la Policía Científica determinaron que el fuego había sido provocado. Los técnicos localizaron cuatro focos diferentes de ignición dentro de la vivienda, un patrón que, según los investigadores, descarta el origen accidental. El dato que la Policía considera de mayor gravedad es que dos de esos cuatro focos se situaban precisamente en las únicas vías de salida del inmueble, circunstancia que habría bloqueado cualquier posibilidad de escape para quien se encontrara dentro.
La Policía Nacional localizó después a dos de los presuntos autores, que fueron detenidos como investigados por un delito de incendio con peligro para la vida. El Código Penal, en su artículo 351, castiga con penas de entre diez y veinte años de prisión los incendios que comportan peligro para la vida o la integridad física de las personas, una de las horquillas más severas del texto punitivo por su equiparación con las conductas de máximo riesgo.
Uno de los dos detenidos afronta además cargos por presuntos delitos de amenazas graves, atentado contra la autoridad y daños. Según la Policía Nacional, ese mismo detenido habría causado con posterioridad daños en los sistemas de seguridad de la Comisaría de Manacor y habría acometido contra varios agentes durante su custodia. La atribución de responsabilidad corresponde en todo caso a la instrucción judicial, y los investigados están amparados por la presunción de inocencia hasta que recaiga sentencia firme.
La causa se encuentra en fase de instrucción, el escalón procesal en el que ambos detenidos figuran como investigados, sin que conste todavía procesamiento ni apertura de juicio oral. Corresponderá al juzgado de instrucción competente de Manacor decidir en las próximas semanas sobre su situación personal y valorar si existen indicios suficientes para elevar la causa, en función de la calificación jurídica y de las penas que finalmente pudieran solicitarse.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha perfilado en las últimas décadas la calificación de este tipo de hechos: cuando concurre dolo sobre el riesgo para las personas, los incendios que bloquean vías de escape pueden apreciarse en concurso con delitos contra la vida, según las circunstancias de cada caso. El bloqueo deliberado de las salidas es, precisamente, uno de los elementos que la doctrina penal viene ponderando para graduar la intención de causar un daño a las personas más allá del daño material.
La investigación policial permanece abierta con el objetivo de esclarecer el papel de cada uno de los aproximadamente diez jóvenes que se personaron inicialmente en la vivienda. Las autoridades no descartan nuevas detenciones a medida que avancen las diligencias sobre la identidad y el grado de participación del resto del grupo.
En las próximas semanas, la instrucción deberá recabar los informes periciales sobre el origen del fuego, las declaraciones de las víctimas y de los posibles testigos y el material telefónico disponible, antes de resolver sobre la situación personal de los investigados y el alcance final de los cargos. De confirmarse la calificación por incendio con peligro para la vida, el caso se situaría entre los de mayor gravedad de los tramitados por los juzgados de Manacor en lo que va de año.
