El pleno del Tribunal Constitucional ha nombrado esta tarde ponente del recurso de amparo del ex fiscal general del Estado a la magistrada María Luisa Balaguer, una de las juristas más veteranas del sector progresista del tribunal y conocida por sus votos particulares en materia de tutela judicial efectiva. Balaguer, que ha asumido la ponencia tras un reparto automático revisado en sede plenaria, dispondrá de poco más de cuarenta días para elaborar un primer borrador de sentencia.
El calendario se estrecha por sí solo. El auto ampliatorio fija la primera vista oral del recurso para el 28 de mayo, en la sala del pleno del TC. Es una convocatoria excepcionalmente rápida —el procedimiento estándar se habría tomado entre cuatro y seis meses solo para llegar a este punto— y una señal inequívoca de que la trascendencia del asunto, en palabras del propio auto, 'exige un examen temporalmente concentrado'.
La novedad jurídica, la que ha atravesado como un cuchillo los despachos de letrados a última hora de la tarde, no es sin embargo la fecha de la vista oral. Es el tercer apartado del fallo: el TC acuerda, por una mayoría de ocho magistrados frente a cuatro, la suspensión cautelar de los efectos penales de la sentencia. En la práctica, esto significa que la inhabilitación de dos años impuesta por el Supremo queda en el aire mientras dure el examen constitucional. Una suspensión que los manuales de Derecho Procesal Constitucional llevaban años describiendo como 'teóricamente posible' pero que rara vez se había aplicado en causas políticamente calientes.
La consecuencia material es inmediata y, para muchos, inesperada. García Ortiz deja de estar inhabilitado para ejercer funciones públicas. No recupera el cargo de fiscal general —ese paso exigiría una sentencia estimatoria— pero sí recupera los derechos civiles y profesionales que la condena del Supremo había suspendido. El Ministerio Fiscal, que tenía pendiente una decisión sobre la reincorporación del ex fiscal a su destino anterior en la Sala Penal, deberá resolver en las próximas cuarenta y ocho horas si reactiva su adscripción.
En Moncloa, el auto ha caído como un jarro de agua a favor. Fuentes del Gobierno consultadas a las 19:20 reconocen que 'no se esperaba una suspensión cautelar a estas alturas' y subrayan que el fallo 'devuelve serenidad a un debate que llevaba tres meses envenenado'. Desde Génova, sin embargo, la reacción ha sido contraria: el PP ha emitido un comunicado formal en el que acusa al Constitucional de 'actuar como cámara de revisión política de las sentencias del Supremo' y anuncia que su portavoz de Justicia pedirá mañana la comparecencia urgente del presidente del TC en el Congreso.
Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado desde un acto en Alcalá de Henares, interrumpiendo el orden previsto del día. La presidenta madrileña ha calificado la decisión de 'golpe a la separación de poderes' y ha repetido, con variaciones, la palabra que ayer utilizó en clave profética: 'Indulto. Lo he dicho antes y hoy se confirma. El Constitucional está indultando al fiscal general'. La fórmula sigue siendo jurídicamente incorrecta —el TC no indulta—, pero políticamente ha vuelto a funcionar: los telediarios de las 21:00 se han abierto con ella.
La defensa del ex fiscal general, por su parte, ha emitido un comunicado sobrio en el que se limita a agradecer al tribunal 'su diligencia y su compromiso con la tutela judicial efectiva' y a recordar que García Ortiz 'sigue manteniendo intacta su convicción de inocencia'. En privado, los letrados admiten que la suspensión cautelar de los efectos penales es, en términos jurídicos, el mejor escenario posible antes de la sentencia definitiva. Mejor, incluso, que lo que se atrevían a pedir en el escrito original.
Hay una pregunta que lleva quedándose en los pasillos del edificio desde las siete y media de la tarde, y que ningún portavoz oficial acierta a responder: ¿qué pasará el 28 de mayo si la vista oral confirma la tesis central del recurso? Técnicamente, la sentencia podría llegar entre dos y cuatro semanas después, lo que situaría la resolución definitiva entre mediados de junio y principios de julio. Y en ese punto —en ese punto exacto— el país entrará en una fase inédita: la de saber si el Tribunal Supremo condenó a un ex fiscal general por un delito que el Tribunal Constitucional considerará finalmente no probado. Por primera vez en toda la causa, la pregunta ya no es si el Constitucional va a revisar la sentencia. La pregunta es cuánto va a durar esa revisión y qué formato de reparación jurídica dejará sobre la mesa.
