El Tribunal Supremo reanudará este miércoles a las diez de la mañana el juicio oral del caso Koldo con el turno de preguntas de la Fiscalía al exministro de Transportes José Luis Ábalos, una sesión que la Sala Segunda ha convocado para profundizar en tres ejes concretos: los movimientos bancarios del acusado entre 2020 y 2023, el viaje a Dubái de febrero de 2021 y la cadena de contactos que, según la acusación pública, enlazaba a Ábalos con su entonces asesor Koldo García y con el empresario Víctor de Aldama. La jornada previa concluyó con declaraciones del exministro que marcarán el interrogatorio que viene.
Ábalos asume la compra de mascarillas como decisión propia
En la sesión celebrada el martes, Ábalos reconoció ante la Sala Segunda que la compra de mascarillas fue una 'decisión política' suya. La admisión es relevante en términos procesales porque sitúa la responsabilidad de esa contratación —uno de los núcleos del caso— directamente en el acusado y reduce el margen de defensa basado en la delegación o el desconocimiento. El exministro cuestionó al mismo tiempo la labor investigadora de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la que atribuyó 'ansiedad e intencionalidad', y sostuvo que en algún momento se exigió que Aldama 'quedase bien', sin precisar el alcance de esa afirmación.
Por qué importa esta causa
El caso Koldo es la mayor causa por corrupción en contratación pública vinculada a la pandemia de la covid-19 que ha llegado a juicio en España. La pieza principal que instruye el Supremo gira en torno a una presunta red que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de facilitar contratos de suministro de equipos de protección individual a varias administraciones autonómicas durante el estado de alarma de 2020, cuando la demanda era máxima y los controles ordinarios estaban suspendidos o aligerados por la normativa de emergencia. La implicación de un exministro en activo en el momento de los hechos convierte el procedimiento en un test para la doctrina del Supremo sobre cohecho en el ejercicio de funciones de gobierno.
La acusación: 24 años y cuatro delitos
La Fiscalía mantiene su petición global de 24 años de prisión para Ábalos por cuatro tipos penales: cohecho, tráfico de influencias, malversación agravada y pertenencia a organización criminal. Aunque ha introducido leves modificaciones en sus conclusiones provisionales —extremo que la Sala tendrá en cuenta al delimitar el objeto del juicio—, el arco penológico solicitado no ha variado. En el sistema procesal penal español, las conclusiones provisionales de la acusación pueden ser modificadas al inicio del juicio oral; las definitivas, que se formulan tras la práctica de la prueba, son las que vinculan el fallo.
El interrogatorio del miércoles: finanzas, Dubái y la red de contactos
La sesión del miércoles estará centrada en los movimientos bancarios del exministro durante el periodo 2020-2023. El análisis de cuentas es una herramienta estándar en los delitos de cohecho y malversación para acreditar incrementos patrimoniales no justificados o transferencias que pudieran corresponder a pagos ilícitos. El segundo eje, el viaje a Dubái de febrero de 2021, adquiere relevancia en la medida en que la acusación lo ubica dentro de la cronología de la supuesta relación entre Ábalos, Koldo García y Aldama. La Fiscalía buscará establecer ante la Sala la secuencia y el propósito de esos contactos.
Contexto procesal: la Sala Segunda y los aforados
Ábalos es juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque en el momento en que se inició la causa ostentaba la condición de diputado, lo que le otorgaba el fuero constitucional reservado a los parlamentarios. La Sala Segunda es el órgano competente para enjuiciar a aforados en materia penal. La pérdida posterior del escaño no altera la competencia una vez que el procedimiento ha quedado radicado en ese tribunal, conforme a la jurisprudencia consolidada del propio Supremo sobre la perpetuatio iurisdictionis.
La defensa y la figura de Aldama
La estrategia de Ábalos durante su declaración pasó por cuestionar la credibilidad y el método de la UCO, y por la referencia a Aldama —empresario que ha sido señalado como eje de la supuesta red de comisiones— como figura cuya versión habría sido, según el exministro, objeto de una suerte de acomodo. Aldama, que declaró como testigo en fases previas del procedimiento, es uno de los elementos centrales de la causa: su relato ante el tribunal y su consistencia frente al contrainterrogatorio determinarán en buena medida el peso de la prueba de cargo.
Próximos pasos
Concluido el interrogatorio de la Fiscalía, la Sala seguirá el orden procesal habitual: turno de las acusaciones particulares, si las hubiere, y posteriormente la defensa. La duración total del juicio oral depende del número de testigos y peritos pendientes de declarar, dato que no consta en la información disponible. La sentencia, una vez celebrada la vista, deberá dictarse en el plazo legalmente previsto; al tratarse de la Sala Segunda del Supremo, no cabe recurso de casación ordinario, aunque sí el amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, la vía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
