El Tribunal Supremo retomó este martes, a las diez de la mañana, el juicio oral del caso Koldo con el interrogatorio de la fiscal Marta Durántez al exministro de Transportes José Luis Ábalos. La sesión, prevista para cuatro horas y media sin interrupción, pivotó sobre tres ejes que sostienen la acusación pública: 94.372 euros en efectivo ingresados en fechas que la Fiscalía vincula a hitos de la contratación pública; un viaje de cinco días a Dubái sin rastro de pago en ninguna cuenta conocida del acusado; y 347 llamadas telefónicas entre Ábalos, el entonces asesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, doce de ellas directas entre Ábalos y Aldama, comunicaciones que el exministro negó haber mantenido durante la instrucción.
Tres bloques, un argumento: los ingresos, el viaje y las llamadas
La fiscal Durántez estructuró el interrogatorio en tres bloques temáticos diseñados, según el planteamiento de la acusación, para reforzarse mutuamente. El primero aborda los movimientos bancarios: 94.372 euros en efectivo cuya coincidencia cronológica con decisiones administrativas sobre contratos constituye el argumento central de la hipótesis de la comisión ilícita. El segundo bloque se centra en el viaje a Dubái —cinco días cuyo coste no aparece en ninguna cuenta bancaria identificada de Ábalos—, un hueco contable que la acusación presenta como indicio de financiación opaca. El tercero examina el mapa de comunicaciones: 347 llamadas que, en el relato fiscal, configuran una relación triangular operativa entre Ábalos, García y Aldama, no meramente episódica.
La estrategia denominada internamente de 'capas' —avanzar de lo general a lo particular dentro de cada bloque— busca provocar contradicciones internas entre las respuestas del acusado y la prueba documental ya incorporada al procedimiento. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que enjuician la causa podrán valorar tanto el contenido de las respuestas como la coherencia del relato global de Ábalos a lo largo de toda la sesión.
Las doce llamadas y la contradicción con la instrucción
El extremo más delicado para la defensa es, según se desprende del material de acusación, la contradicción entre las declaraciones de Ábalos ante el juez instructor —en las que negó haber mantenido contacto directo con Aldama— y el registro de doce llamadas entre ambos que la Fiscalía ha incorporado como prueba al juicio oral. En el Derecho procesal español, una contradicción acreditada entre lo declarado durante la instrucción y lo que resulta de la prueba practicada en juicio puede ser utilizada por la acusación para cuestionar la credibilidad global del testimonio del declarante, conforme a la doctrina consolidada del propio Tribunal Supremo sobre la valoración probatoria.
Ábalos ha negado los hechos que se le imputan desde el inicio de la causa, posición que ha sostenido de forma pública y reiterada. La defensa, por su parte, no ha hecho pública su estrategia para este tramo del interrogatorio, aunque dispondrá de su turno de preguntas en una sesión posterior en la que previsiblemente buscará introducir elementos que contradigan o maticen el relato construido por la acusación durante la sesión de este martes.
La petición de 24 años y el objeto del proceso
La Fiscalía mantiene íntegramente su petición de 24 años de prisión para Ábalos, sin reducción alguna respecto al escrito de acusación inicial, lo que descarta cualquier lectura de la instrucción favorable al acusado. El caso Koldo investiga una presunta trama de comisiones ilegales vinculada a la adjudicación de contratos públicos, en particular la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. Koldo García, asesor personal del entonces ministro en el Ministerio de Transportes, da nombre al caso. Víctor de Aldama, empresario que actúa como nexo en el relato de la acusación, está también procesado en la causa.
El aforamiento y la competencia exclusiva del Supremo
El Tribunal Supremo asumió la competencia sobre el proceso por la condición de aforado que Ábalos conservaba como diputado en activo en el momento de apertura del procedimiento. La Constitución española y la Ley Orgánica del Poder Judicial reservan a la Sala de lo Penal del alto tribunal la instrucción y el enjuiciamiento de los miembros del Congreso, lo que concentra en un único órgano la totalidad del proceso sin posibilidad de apelación ordinaria ante una instancia superior dentro del sistema procesal continental. La sentencia que en su día dicte el Supremo únicamente será recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional o, bajo determinadas condiciones relativas a la vulneración de derechos reconocidos en el Convenio Europeo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El turno de la Fiscalía en el juicio oral es, en procedimientos de esta naturaleza, el momento de mayor exposición para el acusado. A diferencia de la fase de instrucción, en la que el investigado puede acogerse al derecho a no declarar o reservarse respuestas puntuales, el juicio oral somete al declarante a una presión sostenida durante horas ante el tribunal, con la prueba documental ya incorporada y visible para todos los actores procesales.
Precedente comparable: el caso Filesa ante el propio Supremo
La celebración ante el Tribunal Supremo de un juicio oral de gran complejidad documental y con aforados entre los acusados no es inédita en la democracia española. El caso Filesa, que en los años noventa investigó la financiación irregular del PSOE a través de contratos de consultoría ficticios, se sustanció igualmente ante la Sala de lo Penal del Supremo, que en 1997 dictó sentencias condenatorias por delitos fiscales y contra la Hacienda pública. Aquella causa estableció criterios de valoración probatoria —en particular sobre indicios económicos concurrentes— que la jurisprudencia del alto tribunal ha aplicado de forma continuada en procedimientos posteriores de corrupción pública.
Calendario del juicio y próximos pasos
El desarrollo del interrogatorio de este martes condicionará el calendario del resto del juicio oral. Una vez concluido el turno de la Fiscalía, la defensa de Ábalos dispondrá de su propia sesión de preguntas, en la que el exministro podrá ofrecer su versión de los tres ejes sobre los que ha pivotado la acusación: los ingresos en efectivo, el viaje a Dubái y las llamadas con Aldama. Tras los interrogatorios de todas las partes acusadas, el procedimiento avanzará hacia la fase de prueba pericial y documental antes de que el tribunal pueda fijar fecha para los informes finales. La sentencia del Supremo, una vez iniciada la deliberación, no tiene plazo legalmente tasado, aunque la complejidad de la causa hace prever un proceso de varios meses desde el cierre del juicio oral.
