La declaración de Ábalos comenzó a las 15:30 con un monólogo de cincuenta y dos minutos que su defensa había preparado durante semanas y que pretendía establecer el marco narrativo desde el que el exministro quería ser juzgado: el de un servidor público que dedicó tres décadas de su vida al PSOE y al Estado, que ocupó el Ministerio de Transportes durante los años más difíciles de la pandemia, que gestionó la compra de material sanitario en un contexto de emergencia global en el que todos los gobiernos del mundo cometieron errores y que se ve ahora injustamente acusado por las declaraciones interesadas de un empresario corrupto — Aldama — y de un subordinado desleal — Koldo — que buscan reducir sus propias penas señalando al escalón superior de la cadena de mando. Ábalos habló de su infancia en Valencia, de su militancia en el PSOE desde los diecinueve años, de su paso por la política municipal y autonómica, de su nombramiento como secretario de Organización y de su llegada al Ministerio de Transportes en junio de 2018. Narró los primeros meses de la pandemia con un detallismo que oscilaba entre la autojustificación y la nostalgia: los vuelos de repatriación que organizó, las negociaciones con los transportistas para mantener la cadena de suministro, las reuniones nocturnas en La Moncloa en las que, según su relato, «dormíamos tres horas y trabajábamos veintiuna». El magistrado le interrumpió dos veces para pedirle que se ciñera a los hechos objeto de la acusación, y el fiscal Luzón anotó en su cuaderno, con una caligrafía que los cronistas más próximos describen como «tranquila y metódica», las inconsistencias que detectaba en tiempo real para utilizarlas en su turno de interrogatorio. Ábalos utilizó tres veces la expresión «yo no soy Koldo ni soy Aldama», una fórmula retórica que su abogado había diseñado para establecer una distancia identitaria entre el exministro y sus coacusados pero que, paradójicamente, reforzaba la percepción de que los tres formaban parte de una misma estructura que ahora se desmorona porque cada pieza intenta salvarse a costa de las demás.
El interrogatorio del fiscal Luzón comenzó a las 16:22 y duró dos horas y treinta y un minutos, un tiempo que los letrados presentes consideran excepcionalmente largo para un interrogatorio fiscal en el Supremo y que refleja la magnitud de la documentación que la acusación tenía preparada. Luzón desplegó cuatro documentos en secuencia cronológica, cada uno diseñado para cerrar una vía de escape del relato de Ábalos antes de abrir la siguiente. El primer documento fue un correo electrónico de marzo de 2021 enviado desde el servidor del Ministerio de Transportes en el que un alto cargo de la Secretaría de Estado de Infraestructuras informa a Ábalos de que «la empresa del señor Aldama ha sido preseleccionada conforme a sus instrucciones». Ábalos respondió que el correo era una comunicación administrativa rutinaria y que la expresión «conforme a sus instrucciones» se refería a «directrices generales de política de contratación, no a indicaciones específicas sobre un empresario concreto». Luzón no insistió en ese punto — un movimiento táctico que varios juristas interpretaron como una señal de que el fiscal consideraba que el correo, por sí solo, no era suficientemente incriminatorio pero sí útil como pieza preparatoria para lo que vendría después. El segundo documento fue un acta de reunión de junio de 2021 en la que Ábalos aparece como asistente a un encuentro con representantes de tres constructoras en el que se discutieron adjudicaciones pendientes. Ábalos admitió haber asistido a la reunión pero aseguró que se trató de «un encuentro institucional habitual en el que participan decenas de empresas y altos cargos» y que «la presencia de un ministro en una reunión con empresas del sector no implica en modo alguno la existencia de irregularidades en las adjudicaciones». El fiscal preguntó entonces por qué, si la reunión era rutinaria, no figuraba en la agenda oficial del ministro, y Ábalos respondió que su agenda «no recogía todas las reuniones de trabajo internas del Ministerio, solo las de carácter público o protocolar».
El tercer documento fue el que provocó el primer cambio visible en el semblante de Ábalos: una nota interna del gabinete del ministro fechada en septiembre de 2021 en la que se detalla un «calendario de adjudicaciones pendientes» con anotaciones manuscritas en los márgenes que incluyen nombres de empresas, cantidades y fechas. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa, había realizado un peritaje caligráfico de esas anotaciones y las conclusiones, que el fiscal leyó en voz alta, eran «concluyentes»: la letra manuscrita correspondía a José Luis Ábalos con un nivel de certeza del 97,3%. Ábalos, que hasta ese momento había mantenido un tono discursivo y controlado, cambió de registro: se inclinó hacia su abogado, intercambiaron susurros durante treinta segundos y el exministro declaró que «esas anotaciones no son mías y solicito un peritaje caligráfico independiente porque considero que el realizado por la UCO no es fiable». Luzón respondió con una frialdad que los presentes describieron como «quirúrgica»: «Señor Ábalos, el peritaje de la UCO fue realizado por tres peritos independientes que utilizaron muestras de su escritura obtenidas de documentos oficiales firmados por usted durante su etapa como ministro. Las conclusiones son concluyentes. Si usted considera que tres peritos se equivocan simultáneamente, está en su derecho de solicitar un contraperitage, pero le informo de que la Fiscalía se opondrá a cualquier solicitud que tenga por objeto dilatar el procedimiento.» El intercambio sobre la nota manuscrita duró veintidós minutos y dejó a Ábalos visiblemente debilitado: su voz, que al principio de la sesión era firme y proyectada, se había vuelto más baja, más vacilante, como si cada palabra le costara un esfuerzo que no era solo intelectual sino también físico.
El cuarto documento fue el golpe definitivo de la tarde y el que provocó el momento que todos los medios nacionales han llevado a sus portadas nocturnas: un mensaje de WhatsApp extraído del volcado del teléfono móvil de Koldo García, fechado el 12 de noviembre de 2021 a las 19:47, en el que un número identificado como el de Ábalos escribe: «Dile a Víctor que el contrato está hecho pero que necesito que mueva lo de siempre antes del viernes.» Luzón leyó el mensaje en voz alta, despacio, pronunciando cada palabra con una deliberación que convertía la lectura en un acto casi teatral. Después preguntó: «Señor Ábalos, ¿reconoce este mensaje como propio?» Ábalos respondió que el mensaje «fue enviado desde mi teléfono pero se refiere a una gestión política legítima que no guarda relación con pagos de ningún tipo». El fiscal insistió: «¿Qué significa la expresión "lo de siempre"?» Ábalos guardó silencio durante ocho segundos — los cronistas los contaron — y respondió: «Se refiere a trámites administrativos habituales, a la agilización de procedimientos que corresponden al funcionamiento normal de un Ministerio.» Luzón replicó: «¿Y por qué esos trámites administrativos habituales debían completarse "antes del viernes"? ¿Qué ocurría el viernes?» Ábalos miró a su abogado, que negó con la cabeza casi imperceptiblemente, y respondió: «No recuerdo qué ocurría ese viernes concreto, han pasado cinco años.»
Pero fue la pregunta sobre Jésica Rodríguez la que rompió definitivamente la compostura del exministro y produjo la imagen que define esta jornada del juicio. Luzón, que había completado el recorrido por los cuatro documentos y había obtenido respuestas insatisfactorias a todas sus preguntas, cambió abruptamente de tema — un patrón de interrogatorio que los abogados penalistas denominan «emboscada procesal» — y preguntó a bocajarro: «Señor Ábalos, ¿qué relación mantenía usted con Jésica Rodríguez entre 2021 y 2022?» La pregunta, que no estaba precedida por ningún documento ni por ninguna referencia contextual, cogió a Ábalos por sorpresa. El exministro se llevó la mano derecha a la frente, cerró los ojos durante un instante, abrió la boca como si fuera a hablar pero no emitió ningún sonido, y finalmente levantó la mano izquierda hacia el ujier y pronunció cuatro palabras que resonaron en la sala con una vulnerabilidad que nadie esperaba de un hombre que había sido uno de los políticos más poderosos de España: «Un vaso de agua, por favor.» El ujier le acercó un vaso de plástico, Ábalos bebió un trago largo, dejó el vaso sobre la mesa y guardó silencio durante quince segundos que el reloj de la sala registró con precisión digital pero que en la percepción de los presentes duraron mucho más: fueron quince segundos en los que el exministro de Transportes del Gobierno de España, el hombre que había negado todos los pagos, que había rechazado la autoría de la nota manuscrita, que había relativizado el WhatsApp, se quedó sin palabras, sin argumentos, sin la armadura retórica que su defensa había construido durante meses. Y cuando habló, lo que dijo fue esto: «Mi relación con Jésica Rodríguez era de naturaleza estrictamente personal. No tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se juzgan en esta causa. Y le pido al tribunal que proteja mi derecho a la intimidad.»
La respuesta de Ábalos sobre Jésica abrió un flanco que el fiscal aprovechó para reformular la teoría acusatoria de un modo que conecta los elementos personales con los elementos delictivos de la trama. Luzón argumentó que la relación personal de Ábalos con Jésica no es un asunto privado irrelevante para la causa sino, al contrario, el mecanismo de presión que garantizaba la continuidad del esquema de corrupción: Ábalos estaba sometido a las exigencias de Jésica — que, según Koldo, le chantajeaba con revelar aspectos de su vida personal —, y esa vulnerabilidad era conocida y utilizada por Koldo y por Aldama para mantener al exministro vinculado a la trama. En otras palabras, la Fiscalía sostiene que Ábalos no podía abandonar el esquema de contratos y comisiones aunque hubiera querido, porque Jésica tenía información que podía destruirle políticamente y personalmente, y porque Koldo y Aldama lo sabían. Esta lectura refuerza el cargo de organización criminal — con penas de hasta doce años — porque demuestra que existían mecanismos de control y retención que son característicos de las estructuras criminales organizadas, no de las redes de corrupción convencionales. La defensa de Ábalos se opuso con vehemencia: «La Fiscalía está convirtiendo la vida sentimental de mi cliente en un elemento de cargo, lo cual constituye una vulneración flagrante de su derecho a la intimidad garantizado por el artículo 18 de la Constitución.» El magistrado tomó nota de la objeción pero permitió que Luzón continuara, señalando que «la relevancia probatoria de la relación personal se determinará en la fase de valoración de la prueba, no en la fase de interrogatorio».
Fue entonces cuando Luzón pronunció el anuncio que transformó el cierre de la sesión en un acontecimiento procesal de primera magnitud: la solicitud formal de careo. «Señoría», dijo el fiscal dirigiéndose al magistrado ponente, «esta representación del Ministerio Público ha escuchado en los últimos dos días tres declaraciones que contienen contradicciones sustanciales sobre hechos nucleares de la acusación. El señor Aldama declaró ayer que no conocía a Jésica Rodríguez más que de oídas. El señor Koldo García ha declarado esta mañana que Aldama le presentó a Jésica. El señor Ábalos ha declarado esta tarde que su relación con Jésica era estrictamente personal y ajena a la trama. Tres versiones incompatibles. Tres relatos que no pueden ser simultáneamente verdaderos. Esta Fiscalía considera que un careo entre los señores Koldo, Aldama y la señora Rodríguez — cuya declaración testifical solicitaré formalmente por escrito antes del lunes — es el único instrumento procesal que puede aportar claridad sobre hechos que resultan esenciales para la calificación jurídica de las conductas y para la determinación de las responsabilidades penales.» La solicitud provocó una reacción en cadena: el abogado de Koldo se opuso argumentando que «el careo es un instrumento excepcional que no debe utilizarse como herramienta de presión psicológica sobre los acusados»; el abogado de Aldama se opuso argumentando que «mi cliente ya ha dicho todo lo que tenía que decir y un careo no aportará nada nuevo»; y el abogado de Ábalos se opuso argumentando que «mi cliente no es parte en el careo solicitado y cualquier careo que incluya referencias a su persona vulneraría sus derechos procesales». El magistrado escuchó las tres objeciones, las anotó y anunció que resolverá sobre la solicitud de careo en la sesión del lunes, antes de reanudar las declaraciones.
El impacto político de la jornada se ha manifestado con una velocidad que refleja la hipersensibilidad del momento electoral. Las encuestas flash publicadas esta noche por tres institutos demoscópicos muestran que la intención de voto al PSOE en Andalucía ha caído 1,3 puntos desde el lunes, situándose en el 24,5%, mientras que el PP sube medio punto hasta el 44,1%. Vox se mantiene estable en el 14,3%. La correlación entre las declaraciones del caso Koldo y el deterioro de las expectativas electorales del PSOE en Andalucía es ya un dato empírico que los estrategas de ambos partidos manejan con toda naturalidad: cada día de juicio le cuesta al PSOE entre 0,2 y 0,4 puntos en las encuestas andaluzas, un goteo que, si se mantiene durante las dos semanas de campaña, podría reducir al partido a su peor resultado histórico en la comunidad. El PP, por su parte, ha reforzado su estrategia de vinculación entre el caso Koldo y el PSOE andaluz: esta noche, Alberto Núñez Feijóo ha publicado un mensaje en redes sociales en el que afirma que «mientras Ábalos no puede explicar cuatro documentos ante el Supremo, Sánchez quiere que los andaluces crean que el PSOE ha cambiado». La dirección federal del PSOE, consciente del daño, ha activado una contraofensiva narrativa que pivota sobre dos ejes: la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles — que permite al partido situarse en el terreno de la victimización y la defensa de las mujeres — y la insistencia en que el caso Koldo es «un asunto judicial que no afecta al proyecto político del PSOE ni a sus candidatos autonómicos».
Un careo no es una declaración: es un enfrentamiento. Koldo, Aldama y Jésica, sentados frente a frente en la misma sala, respondiendo a las mismas preguntas sobre los mismos hechos, viéndose obligados a mantener o rectificar sus declaraciones anteriores ante la mirada de la persona que les contradice. La presión psicológica de un careo es incomparablemente superior a la de una declaración individual, porque en una declaración el acusado habla hacia el tribunal, mientras que en un careo habla hacia otro acusado, hacia otra persona que le acusa, que le contradice, que le mira a los ojos mientras lo hace. Los careos tienen una capacidad de desvelar la verdad — o al menos de destruir las mentiras — que ningún otro instrumento procesal posee, y por eso las defensas se oponen sistemáticamente: no porque sean ilegítimos sino porque son eficaces, porque ponen a los declarantes en una situación de tensión emocional y cognitiva que hace mucho más difícil mantener un relato falso que la relativa comodidad de una declaración individual. Si Koldo dice que Aldama le presentó a Jésica y Aldama lo niega mirándole a la cara, uno de los dos tendrá que ceder o el tribunal tendrá que evaluar cuál de los dos resulta más creíble basándose en algo que trasciende las palabras: el tono, la mirada, la firmeza, los silencios, todos esos elementos que los juristas llaman «la inmediación» y que constituyen la esencia misma del acto judicial.
La noche del 30 de abril se cierra con una constatación que nadie en la sala del Supremo pone en duda: el caso Koldo ha entrado en una fase que ya no admite posiciones intermedias. Aldama señaló a Sánchez y cifró los pagos. Koldo reveló el chantaje y contradijo a Aldama. Ábalos lo negó todo pero se derrumbó emocionalmente ante la pregunta sobre Jésica y no pudo explicar cuatro documentos que la UCO atribuye a su puño y letra. La Fiscalía pide un careo que puede ser devastador para los tres. Las defensas se oponen porque saben que un careo es un campo minado donde cualquier paso en falso puede resultar letal para su cliente. Y el tribunal, que debe resolver el lunes si acepta o rechaza la solicitud, lo hará sabiendo que esa decisión condicionará el desarrollo del juicio durante las próximas semanas y, muy probablemente, el contenido de la sentencia que dicte en otoño. Mientras tanto, en Ferraz, en la sede del PP en Génova y en los cuarteles electorales de Andalucía, los estrategas incorporan cada declaración judicial a sus modelos predictivos, cada punto que cae en las encuestas del PSOE a sus argumentarios de campaña, cada silencio de quince segundos de un exministro pidiendo agua a la narrativa que construirán durante los diecisiete días que quedan hasta que los andaluces voten. La justicia y la política, que deberían operar en planos separados, se han fundido en una amalgama que define este momento de la democracia española como pocos otros lo han hecho en cuarenta años de historia constitucional.
