La investigación arrancó a raíz de una denuncia presentada por la propia afectada, que alertó a los agentes de la sustracción de 76.620 euros de su cuenta bancaria sin haber autorizado ninguna de las operaciones detectadas después por los investigadores. Según fuentes de la Guardia Civil, los presuntos autores lograron primero hacerse con el control de la línea telefónica de la víctima, un paso previo habitual en este tipo de fraudes que permite interceptar los mensajes de verificación que los bancos envían para autorizar operaciones o expedir nuevas tarjetas.
Una vez controlada la línea, los detenidos habrían solicitado tres tarjetas de débito asociadas a la cuenta de la mujer. Con ellas, de acuerdo con la reconstrucción de los agentes, efectuaron un aluvión de compras y transferencias empleando distintas identidades, números de teléfono y direcciones de envío para dificultar el rastreo del dinero.
Un reloj de oro, videoconsolas y apuestas online
Entre las operaciones que la Guardia Civil atribuye a la organización figura la retirada de un reloj de oro de alta gama por 26.200 euros en una joyería de Alicante, la partida individual más elevada detectada. A esa cifra se suman más de 41.000 euros en dispositivos electrónicos y videoconsolas recogidos en establecimientos repartidos por distintas provincias, 9.915 euros ingresados en una plataforma de apuestas en línea y 2.415 euros destinados a la compra de cinco monedas de oro. Según el Instituto Armado, esa diversificación buscaba dispersar el destino final del dinero sustraído.
En total, los agentes han contabilizado hasta catorce pedidos de material tecnológico recogidos por distintas personas, así como numerosas transferencias entre los presuntos implicados, un patrón que, según la Guardia Civil, apunta a la existencia de una estructura organizada y no a la actuación de un único autor. Las detenciones se practicaron en Picassent (Valencia) y en el distrito madrileño de Vallecas, dos puntos alejados de Altea.
Ese indicio de organización es el que sustenta la imputación por pertenencia a organización criminal, un delito tipificado en el artículo 570 bis del Código Penal que exige la concurrencia de varias personas de forma estable o por tiempo indefinido para cometer delitos de manera coordinada, y que agrava las penas respecto a una estafa cometida en solitario. La estafa, por su parte, se castiga en el Código Penal con penas que se elevan cuando la cuantía defraudada supera los 50.000 euros.
Tras la detención, tanto el hombre de 22 años como la mujer de 33 han quedado en libertad, una decisión que corresponde a la autoridad judicial y que no prejuzga el resultado de la causa. La puesta en libertad de un detenido no equivale a una exculpación ni implica el archivo de las diligencias, sino que responde a la valoración del riesgo de fuga o de reiteración delictiva en ese momento procesal.
Las diligencias policiales han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm, en Alicante, órgano competente por razón del territorio donde reside la víctima y donde se presentó la denuncia inicial. Será ese juzgado el que decida si formaliza la imputación, adopta medidas cautelares adicionales o cita a los investigados a declarar.
Este tipo de fraude, en el que los estafadores toman el control de la línea móvil de la víctima para interceptar los códigos de verificación por SMS, aprovecha la dependencia de la banca digital de esos mecanismos de autenticación. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han alertado en distintas ocasiones sobre el crecimiento de estas modalidades y sobre las personas mayores como objetivo preferente de las redes por su menor familiaridad con los sistemas de verificación electrónica.
Esta clase de estructuras no es nueva en España: en la última década las fuerzas de seguridad han desarticulado varias redes dedicadas a duplicar líneas telefónicas y suplantar la identidad bancaria de sus víctimas, con roles diferenciados entre quienes obtienen el control de la línea, quienes retiran el dinero y quienes recogen la mercancía adquirida con él. La distribución geográfica de las detenciones —Valencia y Madrid, lejos de la localidad de la afectada— refuerza esa hipótesis de reparto de funciones.
La Guardia Civil ha subrayado que la investigación permanece abierta y que no descarta nuevas actuaciones a medida que avance el rastreo de las transferencias y la identificación de las personas que recogieron los pedidos en distintas provincias. A partir de ahora, la instrucción en Benidorm determinará si existen indicios suficientes para formalizar la imputación de ambos y fijar diligencias adicionales, sin que por el momento conste resolución alguna sobre responsabilidades penales ni sobre la eventual restitución del dinero a la víctima.
