La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas a un establecimiento en Formentera y a la posible protección que agentes de la Guardia Civil habrían dispensado a su actividad, según ha podido reconstruirse a partir del relato del propio investigado. Antuña, que trabajó en el laboratorio de criminalística de la Zona de Baleares tras trasladar su residencia a Palma en 2019, niega de forma tajante haber utilizado su condición de agente o los sistemas informáticos del cuerpo para favorecer el negocio.
El exguardia civil relata que la detención practicada por la UCO no le sorprendió. Según ha explicado, cuando los agentes se personaron para arrestarle les espetó: «Sois totalmente previsibles», frase que atribuye a la percepción de que la institución buscaba «culminar su relato» sobre un conflicto que, asegura, arrastra desde hace años con mandos de la Guardia Civil. El exagente sostiene que llevaba sometido a vigilancia por sus superiores desde 2012, un dato que, en su versión, refuerza la tesis de un enfrentamiento personal previo ajeno al fondo de la investigación penal actual.
Un movimiento de 291.000 euros que él atribuye a razones fiscales
Uno de los puntos centrales de la investigación es la firma de Antuña como apoderado en ingresos en efectivo por valor de 291.000 euros en la cuenta de una sociedad mercantil vinculada al establecimiento. El exagente atribuye esos movimientos a una estrategia fiscal: entre 2014 y 2019, según su versión, permaneció en situación de excedencia dedicado a estudios universitarios sin percibir sueldo, y ayudaba de día a su entonces pareja, que regentaba el negocio y trabajaba de noche. Ingresar la recaudación a nombre de la sociedad y no a título personal, sostiene, evitaba que Hacienda le computara como rendimiento propio un dinero que, insiste, nunca fue suyo ni tuvo capacidad de retirar, dado que no era socio de la mercantil.
Antuña se desmarca de forma expresa de la situación judicial de su expareja, a quien la instrucción vincula con la explotación del establecimiento. Según su relato, la ruptura sentimental se produjo el 11 de abril de 2024, el mismo día en que fue puesto en libertad tras su primera detención por Asuntos Internos. «Cada uno debe responder de sus actos; yo solo hablo y respondo por mi conducta», ha señalado, en una declaración que no consta contrastada con la versión de la otra parte investigada.
Preguntado por un posible uso irregular de la placa o de las bases de datos policiales para alertar de redadas, el exagente lo niega de forma categórica: «Nunca, es absolutamente falso e imposible», ha afirmado. Recuerda que en la Guardia Civil todos los accesos a las bases de datos quedan grabados y fiscalizados, de modo que cualquier consulta irregular habría derivado, según su relato, en un expediente inmediato por revelación de secretos. Añade que desde 2019 ni siquiera residía en Formentera.
Sobre la denominación mediática del caso, Antuña la ha calificado de «título novelesco» y «pura literatura sensacionalista», al tiempo que ha aludido a disponer de información sobre conductas de determinados mandos que, según ha dicho, prefiere no hacer pública para no causar «un daño irreparable» a la institución. Se trata de una afirmación no verificada de forma independiente que no viene acompañada, por el momento, de ningún elemento documental.
En el terreno estrictamente procesal, Antuña figura como investigado, la condición que en 2015 sustituyó a la antigua figura del imputado con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa situación no implica pronunciamiento alguno sobre su culpabilidad: corresponde al juzgado de instrucción recabar indicios suficientes para, en su caso, decretar la apertura de juicio oral, o bien archivar la causa si no los encuentra. El propio investigado defiende que el instructor se ha limitado, en sus palabras, a un «copia y pega sistemático» de los informes elaborados por Asuntos Internos, el servicio de la Guardia Civil encargado de investigar las conductas irregulares de sus propios agentes.
Mientras no exista un escrito de acusación formal del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, Antuña mantiene la condición de investigado con plena presunción de inocencia. Solo si el instructor aprecia indicios racionales de criminalidad podría elevar la causa hacia la fase de acusación; en caso contrario, cabe el archivo o el sobreseimiento, provisional o libre, este último con efecto de cosa juzgada material.
La Guardia Civil no ha realizado declaraciones públicas sobre las afirmaciones vertidas por el exagente respecto a la actuación de Asuntos Internos, y su versión sobre un presunto trato de favor o persecución interna no ha sido corroborada por la institución ni por otras fuentes con acceso al expediente. El derecho de réplica de la Guardia Civil, así como el de la otra parte investigada, permanece abierto ante cualquier requerimiento judicial o periodístico posterior.
Casos de presunta connivencia entre agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y negocios de dudosa legalidad no son inéditos en España: la Guardia Civil y la Policía Nacional han abierto en las últimas décadas diversos expedientes disciplinarios y causas penales por presunta protección a locales de alterne o actividades irregulares, con desenlaces dispares que han ido desde el archivo hasta condenas por cohecho o revelación de secretos, en función de la solidez de las pruebas recabadas por los servicios internos de disciplina.
El procedimiento sigue su curso ante el juzgado de instrucción competente en Baleares, sin que conste fecha para una resolución sobre la situación procesal de Antuña ni sobre el resto de investigados. Cualquier decisión sobre el sobreseimiento que él reclama corresponderá, en última instancia, a la Audiencia Provincial si el instructor no la adopta antes, y podrá ser recurrida por las partes personadas, incluida la Fiscalía, si discrepan del criterio judicial.
