La acusación popular es una figura contemplada en el artículo 125 de la Constitución y desarrollada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a cualquier ciudadano, asociación o partido político ejercer la acción penal en un proceso sin haber sido directamente perjudicado por el delito investigado. De raíz decimonónica en el derecho procesal español, ha sido utilizada históricamente tanto por formaciones de izquierda como de derecha, así como por sindicatos y organizaciones civiles, en casos de corrupción, terrorismo o violencia de género.
El caso de mayor recorrido en el que el PSOE ejerce la acusación popular es el denominado Kitchen, que juzga la Audiencia Nacional. La causa investiga una presunta operación parapolicial organizada, según la instrucción, desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de sustraer documentación comprometedora en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas. Los servicios jurídicos estatales del PSOE piden penas de prisión para varios exresponsables del ministerio y han reclamado la imputación por organización criminal —calificación que la Fiscalía ha descartado— así como la de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. En ese mismo procedimiento, los socialistas solicitaron en su día la prisión provisional para el exasesor policial Andrés Gómez Gordo y pidieron que el PP fuera incluido como responsable civil, petición que de prosperar obligaría al partido a responder económicamente por los hechos juzgados.
En Madrid, la federación socialista (PSM) está personada como acusación en la causa que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los juzgados de Plaza de Castilla. Los servicios jurídicos del PSM han solicitado ampliar la instrucción para incorporar una presunta trama de corrupción vinculada a los negocios con el Grupo Quirón, además de los vínculos de González Amador con la Administración madrileña que ya se investigaban. El PSOE mantiene además su personación en el caso Lezo, que indaga presuntas irregularidades societarias, fiscales y un posible desvío de fondos a través de filiales del Canal de Isabel II en América Latina, entidad pública dependiente de la Comunidad de Madrid.
De la DANA valenciana al caso Gürtel
La federación valenciana, el PSPV-PCPV, se personó como acusación popular ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la causa que investiga la gestión de la DANA que arrasó buena parte de la provincia de Valencia. Los socialistas mantienen esa personación y en su momento presentaron una querella penal contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón ante el Tribunal Supremo, competente por la condición de aforado que este ostentaba.
El PSOE conserva también su papel de acusación popular en las piezas aún abiertas del caso Gürtel, la trama de corrupción destapada en 2009 que supuso la primera condena judicial a un partido político como partícipe a título lucrativo en España y cuyo fallo desencadenó la moción de censura que en 2018 desalojó a Rajoy de la Moncloa. A ello se suman personaciones en tribunales autonómicos: en el TSJ de Murcia, en la trama conocida como caso SMS; en la Audiencia Provincial de Almería, en el caso Mascarillas, que investiga una presunta red de amaños en contratos menores y cobro de comisiones en la Diputación provincial durante la pandemia; y en la Audiencia Provincial de Valladolid, en la instrucción sobre la trama eólica de Castilla y León. En Madrid, el PSM figura igualmente como acusación en el caso Arroyomolinos, que afecta a la número tres del PP madrileño, Ana Millán, por presunta corrupción.
La estrategia judicial del PSOE no se limita al PP. La formación socialista denunció a Vox ante la Fiscalía por una presunta financiación irregular y llevó también a su líder, Santiago Abascal, ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de odio. Ambas denuncias se tramitan por vías distintas a la acusación popular, pero se inscriben en la misma actividad procesal frente a los adversarios políticos que Sánchez atribuye a PP y Vox respecto a su entorno familiar.
Desde el PP, fuentes del partido han reclamado en diversas ocasiones coherencia al Gobierno, señalando lo que consideran una contradicción entre el discurso público del presidente contra las acusaciones populares y la actividad procesal de su propio partido. El PSOE no ha ofrecido hasta el momento una explicación pública detallada sobre la distancia entre el discurso de su secretario general y la práctica de sus servicios jurídicos.
La controversia sobre la acusación popular se ha intensificado a raíz de las causas que afectan al entorno de Sánchez: Begoña Gómez, investigada en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y David Sánchez, procesado por un presunto delito de tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz. En ambos casos se han personado como acusación popular organizaciones como Manos Limpias o Hazte Oír, cuyo papel procesal ha sido objeto de debate en sede judicial.
El debate sobre acotar esta figura no es nuevo. Distintos anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborados por sucesivos gobiernos han planteado limitar su ejercicio a personas físicas o entidades sin ánimo de lucro, excluyendo a los partidos políticos, sin que ninguna de esas iniciativas haya llegado a tramitarse en las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional ha abordado en distintas resoluciones los límites del ejercicio de la acción popular por asociaciones sin relación directa con los hechos, sin que exista hasta la fecha una reforma legal que la restrinja de forma expresa.
Las causas mencionadas se encuentran en distintas fases procesales: mientras Kitchen está en fase de juicio oral en la Audiencia Nacional, la instrucción sobre la DANA valenciana continúa abierta ante el TSJCV y el caso de González Amador sigue en instrucción en Plaza de Castilla, pendiente de que el magistrado resuelva sobre la ampliación solicitada. El desenlace de cada uno de estos procedimientos, y el papel que en ellos ejerzan las respectivas acusaciones populares, seguirá marcando la agenda judicial y política en los próximos meses.
