El texto de la orden ministerial precisa que Balas permanecerá en la UCO «en comisión de servicio, de carácter no indemnizable», una figura administrativa que permite a un militar o guardia civil ocupar temporalmente un destino distinto al que le correspondería por su nuevo empleo. Según recoge el BOD, «el cese en la comisión se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido».
La petición cursada en julio por el juez Moreno y por la Fiscalía Anticorrupción buscaba evitar que el ascenso ordinario de Balas interrumpiera las investigaciones en curso, algunas en fases avanzadas de instrucción. La fórmula elegida, la comisión de servicio no indemnizable, permite compatibilizar el nuevo empleo con la continuidad al frente del mismo equipo investigador, sin alterar las reglas generales de ascenso dentro de la Guardia Civil, que se rigen por la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
Una fórmula prevista para no interrumpir instrucciones abiertas
La legislación permite que jueces y fiscales soliciten a la Guardia Civil o a la Policía Nacional la permanencia de agentes concretos en unidades de investigación cuando su relevo pudiera perjudicar el curso de una causa compleja, especialmente en procedimientos con un volumen elevado de diligencias y pruebas periciales acumuladas a lo largo de varios años. No se trata, por tanto, de un mecanismo inédito, sino del recurso a un instrumento reglado de continuidad técnica.
Fuentes del departamento que dirige Robles han sostenido que la fórmula se ajusta a los mecanismos previstos en la normativa de personal de la Guardia Civil para garantizar la continuidad de investigaciones judiciales en curso cuando así lo solicita la autoridad judicial o fiscal competente. Más allá del texto publicado en el BOD, el Ministerio de Defensa no ha ofrecido valoraciones adicionales sobre el criterio empleado para tramitar la comisión de servicio.
El coronel Balas dirige el DICEAN, el departamento de la UCO especializado en delincuencia económica y corrupción, que ha instruido bajo mandato judicial algunas de las causas de mayor repercusión pública de los últimos años. Entre ellas figura la investigación sobre el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actualmente en fase de instrucción ante distintos juzgados.
Balas también ha estado al frente de las pesquisas sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por su papel en presuntas gestiones para intentar desactivar causas judiciales que afectaban a dirigentes y allegados del PSOE. Esa causa se encuentra igualmente en fase de instrucción, sin que conste procesamiento alguno hasta la fecha.
Otro de los expedientes bajo su responsabilidad es la investigación sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, indagado tanto en la pieza relacionada con Díez como en el marco del caso Koldo, la trama de corrupción que instruye Moreno en la Audiencia Nacional. En este procedimiento se investigan, entre otros extremos, presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y en las cuentas del PSOE.
De las sentencias firmes a las instrucciones en curso
La UCO, y en particular el equipo dirigido por Balas, elaboró además los informes periciales que sirvieron de base a la causa que concluyó con la condena del exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos, así como a la que derivó en la condena del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. A diferencia de esos procedimientos, las causas vinculadas al entorno de Sánchez, Cerdán o Díez continúan en fase de instrucción, sin que exista por el momento ni procesamiento ni acusación formal.
El caso Koldo, que da nombre a la causa instruida por Moreno, se inició a raíz de las investigaciones sobre la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia y ha ido ramificándose hacia otras piezas separadas que afectan a distintos cargos y exdirigentes vinculados al PSOE. La instrucción se mantiene abierta en la Audiencia Nacional, sin que se haya fijado fecha para su conclusión ni para una eventual apertura de juicio oral.
La permanencia de agentes en unidades de investigación mediante fórmulas de comisión de servicio no es ajena a la práctica administrativa española: desde la creación de la UCO en 1987, la Guardia Civil ha recurrido a instrumentos de continuidad para preservar la memoria técnica de investigaciones prolongadas, un criterio que jueces y fiscales han invocado en macrocausas anteriores de corrupción con instrucciones de varios años.
El seguimiento de estas causas continuará marcado por los plazos que fije el juzgado instructor para la práctica de diligencias pendientes, entre ellas declaraciones testificales, periciales económicas y el análisis de documentación bancaria y contractual. La continuidad de Balas al frente del equipo investigador, avalada ahora por el ascenso publicado en el BOD, evita una transición en la dirección técnica de estas pesquisas mientras permanezcan abiertas.
