La cita electoral llega envuelta en un discurso que ambos bandos comparten pese a su enfrentamiento. Kamala Harris pidió recientemente ante una audiencia que su partido fuera «demasiado grande para manipular». Días después, Donald Trump reclamó una victoria republicana en los mismos términos, alegando que «manipulan las elecciones en este país». El mismo eslogan alimenta dos desconfianzas opuestas, y ambos partidos instan a sus seguidores a votar mientras advierten de que el rival hace trampas.
Esa desconfianza mutua se traslada a las encuestas: solo el 49% de los votantes espera que los comicios sean libres y justos, según los datos recogidos por The Economist. Los republicanos, bajo la influencia retórica de Trump sobre el fraude, se muestran especialmente escépticos. Los demócratas temen interferencias desde la propia Administración, mientras los votantes de minorías señalan el riesgo de acoso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los colegios electorales.
El escepticismo previo a una cita electoral no es nuevo en Estados Unidos. Antes de las elecciones de 2022 y de 2024 ya circulaban temores similares sobre fraude, interferencia e incluso violencia política. En ambos casos la participación acabó siendo alta según los estándares históricos y la mayoría de los estadounidenses terminó confiando en los resultados certificados, un patrón que el relato del «retroceso democrático» tiende a pasar por alto.
2018: Trump pierde la Cámara
El antecedente más directo es el propio primer mandato de Trump: en las midterms de 2018 los republicanos perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes, cumpliendo la pauta que castiga al partido en la Casa Blanca. La «ley de las elecciones de mitad de mandato» se ha verificado en 20 de las 22 citas celebradas desde 1938. Desde 1992, el partido del presidente ha perdido de media 25 escaños en la Cámara baja, un listón muy superior a los tres escaños que separan hoy a los republicanos de perder el control.
Esa penalización opera incluso cuando la mayoría de los estadounidenses aprueba la gestión presidencial, y se agrava si el presidente es impopular y la economía flaquea. Es justo la combinación actual: la aprobación de Trump ronda el 35% y la confianza del consumidor se desplomó en septiembre a mínimos de 2014, en parte por los elevados precios del combustible. El Senado, que hace un año se daba por seguro para el Partido Republicano, se presenta ahora como una contienda abierta.
Texas y California, distritos redibujados
Consciente del riesgo, Trump presionó a los estados bajo control republicano para rediseñar sus mapas de distritos electorales antes de la votación. La maniobra, conocida como gerrymandering, habría reportado algunos escaños adicionales al partido, aunque por debajo de las expectativas iniciales. El Cook Political Report calcula una ganancia neta de cuatro escaños por esta vía, insuficiente para blindar la mayoría en la Cámara.
El propio sistema estadounidense puso límites a esa estrategia: un presidente solo puede exigir nuevos mapas en los estados donde su partido gobierna, y los demócratas de California respondieron con un rediseño propio frente al de Texas. Esa descentralización —elecciones administradas por miles de jurisdicciones locales— priva al poder central de un medio sencillo para alterar los resultados.
Trump llegó a plantear, y después descartó, la posibilidad de posponer o cancelar las elecciones de mitad de mandato. El escenario nunca tuvo recorrido legal: la fecha de los comicios está fijada por ley federal y la Constitución determina cuándo expiran los mandatos de los cargos electos. Un intento paralelo de utilizar el servicio postal como freno al voto por correo fue bloqueado por los tribunales.
La aceptación de la derrota, bajo vigilancia
El riesgo mayor para la legitimidad democrática no procede tanto de la manipulación del proceso como de la negativa de los perdedores a reconocer los resultados. El grupo de investigación Bright Line Watch analizó las 884 contiendas al Congreso celebradas en 2020 y 2022 y constató que la gran mayoría de los candidatos derrotados reconoció públicamente su derrota; las negativas explícitas se concentraron entre aspirantes noveles que perdieron por márgenes amplios, y fueron menos frecuentes en 2022 que en 2020. El temor a que la negativa de Trump a admitir su derrota de 2020 se extendiera por el sistema no se ha materializado.
«Tenemos que ser demasiado grandes para manipular», dijo Kamala Harris ante una audiencia, según recoge The Economist.
Pese a ese contraste alentador, persisten señales de alerta. Una investigación conjunta del autor del análisis con Geoffrey Layman y Christina Wolbrecht sostiene que los activistas de partido —tradicionalmente considerados guardianes de las normas democráticas— ya no muestran mayor compromiso con la aceptación de la derrota que el ciudadano medio. El deterioro de ese consenso básico, aunque no se haya traducido en una ruptura generalizada, sigue siendo motivo de vigilancia para politólogos e instituciones electorales.
El proceso transcurre con la mirada internacional puesta en Washington, mientras mandatarios como los que llegan a Madrid para la Cumbre Iberoamericana siguen la jornada. El veredicto del análisis es que, pese a las dudas expresadas por republicanos y demócratas, los engranajes institucionales —administración descentralizada, control judicial y una ley no escrita que desde 1938 ha seguido imponiéndose al partido en el poder— permanecen intactos. «Nada es más básico para la legitimidad democrática que la aceptación de la derrota por parte de quien pierde», resume el texto.
