El auto desestima los siete motivos de archivo planteados por la defensa que ejerce el letrado Antonio Camacho desde julio de 2024. Peinado considera que existen «indicios racionales suficientes» de que Begoña Gómez utilizó su condición de cónyuge del presidente del Gobierno para «facilitar el acceso de la empresa Globalia y de su filial Wakalua a contratos formativos con la Universidad Complutense de Madrid», donde la encausada codirigía una cátedra extraordinaria financiada por la propia Globalia, en un esquema que el juez califica de «conflicto de intereses estructural sostenido durante al menos veintisiete meses».
El segundo eje de la acusación, el delito de corrupción en los negocios, se sustenta en la documentación incautada en el registro del despacho de la encausada en Pozuelo el 6 de febrero de 2025: tres carpetas con cartas de recomendación firmadas por la propia Gómez en papel timbrado de la Universidad Complutense en las que se solicitaba la adjudicación de contratos públicos a la empresa Innova Next, propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado considera que esas cartas «no constituyen un ejercicio académico ordinario» sino «un instrumento de mediación irregular en favor de intereses privados».
El delito de apropiación indebida, el de menor entidad penal pero el de mayor recorrido mediático, se vincula a la utilización del personal de Moncloa en tareas privadas de la encausada. La asesora Cristina Álvarez, según la documentación judicial, dedicó al menos «380 horas laborales remuneradas con fondos públicos» a la gestión de la agenda académica y empresarial de Begoña Gómez entre 2022 y 2024. La pieza separada por este delito mantiene como investigada a Álvarez, que declaró el 21 de marzo y se acogió a su derecho a no responder.
La defensa había alegado en su escrito del 28 de abril que la instrucción había alcanzado los tres años y siete meses, lo que supera el plazo máximo de doce meses prorrogables establecido por la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020. Peinado rebate este argumento citando la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2025 que avaló la prórroga acordada en noviembre de 2024 por la Audiencia Provincial, y recordando que «la complejidad documental, la pluralidad de hechos y la necesidad de cooperación con dieciséis universidades extranjeras» justifican la duración excepcional.
La vista de selección de jurado, fijada para el 2 de junio en la sala 12 de la Audiencia Provincial, contará con un censo inicial de 600 personas seleccionadas por sorteo entre los censados en Madrid capital. De ellas, 36 quedarán como candidatos firmes después de la fase de exclusiones (incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades), de los cuales 9 serán los titulares y 4 los suplentes del jurado popular, con arreglo a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995. El juicio oral, según el calendario provisional que Peinado expone en el último párrafo del auto, podría comenzar entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026.
El presidente del Gobierno reaccionó a las 19:10 desde Pulianas, donde participaba en el acto de cierre del PSOE andaluz junto a Montero, con una declaración improvisada de 47 segundos: «No voy a comentar las decisiones judiciales. Mi esposa es inocente y la justicia lo demostrará». Es la quinta vez en doce meses que el presidente se pronuncia públicamente sobre el caso, siempre con una fórmula similar. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no acudirá esta noche al programa de tertulia en el que estaba prevista su intervención.
El Partido Popular, a través de su portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, ha exigido a las 19:15 «la dimisión inmediata de Pedro Sánchez» y ha anunciado que solicitará comparecencia urgente del presidente en el Senado «para explicar la utilización de fondos y personal públicos en beneficio privado». Vox ha registrado a las 19:20 una proposición no de ley para que el Congreso «recomiende» la dimisión del presidente, aunque la iniciativa carece de capacidad coercitiva y será debatida tras el 17-M.
El abogado de la encausada, Antonio Camacho, anunció a las 19:33 desde su despacho de la calle Velázquez que recurrirá el auto en reforma ante el propio Peinado y, simultáneamente, en apelación ante la Audiencia Provincial. «Confiamos en que la sección que reciba el recurso considere que esta instrucción agota el principio de proporcionalidad», declaró el letrado a los periodistas concentrados en la puerta del bufete. La doble vía procesal busca extender los plazos hasta el otoño, cuando se conocerán los detalles de la composición del jurado.
