Peinado rechaza uno por uno los nueve argumentos de la defensa para archivar la causa. El primero — falta de indicios suficientes — es desestimado con una enumeración exhaustiva de las pruebas documentales: correos electrónicos entre Gómez y empresarios del sector de la innovación, actas de reuniones en Moncloa que la defensa no niega, informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que documentan contactos «irregulares» entre la esposa del presidente y al menos tres adjudicatarios de contratos públicos.
El segundo argumento — que los hechos investigados no constituyen delito — merece del juez una respuesta de quince páginas en las que distingue entre la actividad legítima de una ciudadana privada y la utilización del «efecto Moncloa», una expresión que Peinado acuña para referirse a la influencia implícita que ejerce la residencia oficial del presidente sobre cualquier interlocutor empresarial. El juez reconoce que Gómez no ostenta cargo público, pero sostiene que su posición de proximidad al poder ejecutivo genera una «asimetría de influencia» que convierte en potencialmente delictivas actuaciones que, realizadas por cualquier otra persona, serían inocuas.
Los cuatro delitos que Peinado mantiene configuran un abanico de gravedad desigual. El tráfico de influencias — artículo 428 del Código Penal — es el cargo más sólido según los juristas consultados, porque no requiere demostrar beneficio económico directo sino únicamente la utilización de una posición de ascendiente para influir en decisiones administrativas. La corrupción en los negocios — artículo 286 bis — es más débil porque exige probar que hubo una contraprestación económica a cambio de la influencia. La malversación y la apropiación indebida son los cargos que la defensa considera «artificiales» y que la Audiencia Provincial podría desestimar en el recurso.
La defensa de Gómez tiene cinco días hábiles para recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes jurídicas próximas al equipo legal anticipan que el recurso se presentará el viernes 23 de mayo y que se centrará en dos argumentos: la falta de proporcionalidad de la instrucción — que se ha prolongado durante más de un año sin que se hayan agotado las diligencias — y la vulneración del derecho a la intimidad por la filtración de documentos del sumario a medios de comunicación.
El caso Begoña Gómez añade un frente judicial más a la semana más difícil del PSOE. Con la deliberación del caso Koldo en el Supremo, el juicio Kitchen en la Audiencia Nacional y ahora la negativa de Peinado a archivar el caso de la esposa del presidente, el partido gobernante se enfrenta a un cerco judicial que sus adversarios califican de «acoso» y sus críticos de «consecuencia lógica de años de impunidad». La realidad, como siempre, es más prosaica: los calendarios judiciales obedecen a su propia lógica procesal, y la coincidencia de tres causas en una misma semana es menos conspiración que casualidad agravada por la lentitud de la justicia española.
En la Audiencia Nacional, mientras tanto, el juicio de la causa Kitchen vivió una jornada breve condicionada por el estado de salud de José Manuel Villarejo. El excomisario, que lleva semanas quejándose de dolores abdominales, fue examinado por el médico forense de la Audiencia, que recomendó una intervención quirúrgica de urgencia moderada para mañana lunes 19 de mayo en el Hospital Puerta de Hierro. La sesión número dieciséis del juicio Kitchen duró apenas 45 minutos, el tiempo justo para que la defensa de Villarejo solicitara la suspensión temporal y el tribunal la concediera.
La cadena de custodia de los dispositivos electrónicos de Villarejo — su teléfono móvil y su ordenador portátil — volvió a ser cuestionada durante la breve sesión. El abogado de Villarejo presentó un informe pericial que documenta «discontinuidades» en los registros de acceso a los dispositivos durante el período comprendido entre la incautación y la entrega al juzgado. Si la cadena de custodia se declara rota, una parte significativa de la prueba digital podría quedar invalidada, lo que afectaría no solo a Kitchen sino a las múltiples piezas del macrocaso Tándem.
La condena de Villarejo a tres años y medio de prisión por filtrar los contenidos del teléfono de Dina Bousselham, en una sentencia firme dictada por separado, complica aún más su situación procesal. El excomisario acumula ya una condena firme, un juicio en curso y al menos cuatro piezas pendientes del macrocaso Tándem, lo que le convierte en el acusado con más frentes judiciales abiertos de la historia reciente de España.
Para el PSOE, la concatenación de Koldo, Begoña Gómez y Kitchen en una misma semana es una tormenta perfecta que no puede atribuir a ningún adversario porque los tres casos tienen vidas judiciales independientes, jueces diferentes y tiempos procesales distintos. Pero la percepción pública no distingue entre coincidencia y conspiración, y el efecto acumulativo de tres titulares judiciales simultáneos erosiona la credibilidad del partido con una eficacia que ninguna campaña electoral podría igualar.
El mapa judicial del poder queda así configurado al cierre de esta edición: en el Supremo, Marchena delibera sobre Koldo y la sentencia se espera para finales de mayo; en Plaza de Castilla, Peinado envía a Begoña Gómez a juicio con jurado popular; en la Audiencia Nacional, Kitchen se suspende temporalmente por la cirugía de Villarejo. Tres tribunales, tres causas, un solo partido en el banquillo de la opinión pública.
